Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 suponen un esfuerzo de austeridad en el gasto público sin precedentes, adoptando medidas de recorte en numerosas partidas. Así, el gasto no financiero para 2010 se situará en 185.249 millones de euros, un 3,9% menos que en 2009, en términos homogéneos. Por su parte, los Ministerios verán reducidos sus recursos en aquellas partidas no prioritarias en un 5,4%, respecto al presupuesto homogéneo del 2009. El Ministerio de Justicia no sólo no sufre recortes, cono que el aumento del gasto es significativo. El Plan de Modernización de la Justicia hace subir un 9,7 por ciento el dinero destinado a este Departamento, hasta los 1804,04 millones de euros.
Aunque la subida de impuestos se está llevando casi todo el protagonismo estos días, hay más cosas que comentar de las cuentas públicas.
En línea con las decisiones de austeridad que ya se tomaron para 2009, se congelan por segundo año consecutivo las retribuciones de los altos cargos del Gobierno y de otras instituciones del Estado y se reduce la Oferta de Empleo Público, excepto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el ámbito de la Justicia; igual que pasó en 2009, tal y como reseñamos en Legal Today.
En cuanto a las prioridades de gasto, se concentran en las partidas de protección social, reforzando el gasto en desempleo, pensiones y dependencia. El gasto social representará el 51,6% del gasto total de los Presupuestos Generales consolidados, lo que se traduce en un total de 180.848 millones de euros, 6.636 más que en 2009. El Gobierno mantiene, por tanto, el compromiso de garantizar el derecho de los trabajadores desempleados al cobro de las prestaciones por desempleo, que supondrá una contribución del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de 16.490 millones de euros.
Además, los Presupuestos dedican una especial atención a las políticas activas de empleo, que se dotan de 7.782,52 millones de euros, e incluyen también la ampliación de la prestación por desempleo de 420 euros a los trabajadores que han agotado las prestaciones y subsidios previos.
Por otra parte, siguiendo con el esfuerzo realizado en años anteriores, la Ley de Dependencia continuará su implantación e incrementa su dotación en un 35,9%, hasta 1.598 millones de euros.
En cuanto a la política de pensiones, estará dotada con 108.282,71 millones de euros, un 2,1% más que en 2009. Las pensiones crecerán con carácter general un 1% y las mínimas, entre el 2% y el 5%, con una media del 4%.
La dotación presupuestaria para la modernización de la Justicia, con 160 millones de euros más en las dotaciones presupuestarias, un 9,7% más que en el presupuesto de 2009. Una Justicia ineficaz, además de ser un lastre político, económico y social, constituye una fuente de erosión al crédito del Estado y un déficit muy difícil de soportar por una sociedad avanzada en términos de legitimación democrática.
El dinero va a estar destinado a lo siguiente:
- Mejorar la calidad de la Justicia adoptando medidas organizativas, equilibradas y razonables, buscando fórmulas que contribuyan a reducir el número de litigios y la carga de trabajo que soportan los juzgados y tribunales.
- Incorporar plenamente nuestro sistema de Justicia en las tecnologías de la información y la comunicación, y adecuar el Registro Civil a la realidad de una sociedad moderna, ágil y conectada como la española.
- Reforzar la libertad y seguridad de los ciudadanos actualizando la legislación penal, para dar respuesta a las nuevas necesidades de protección.
- Profundizar en la cooperación intergubernamental e internacional aprovechando al máximo las posibilidades de la Presidencia europea.
