Abogacía Española ha dado a conocer este miércoles su nuevo Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT), integrado por once profesionales procedentes de la abogacía, la judicatura, la enseñanza y la Administración que nace con el propósito de reforzar la seguridad jurídica, mejorar la calidad normativa y contribuir a la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes.
Este nuevo Consejo Asesor nace como un espacio de análisis y reflexión para estudiar la evolución del sistema tributario y formular propuestas que contribuyan a una regulación más clara, estable y predecible. Asimismo, el CADT tiene como objetivo impulsar el diálogo institucional, favorecer la colaboración con las administraciones públicas, promover la formación especializada y elaborar estudios e informes que ayuden a mejorar la calidad del sistema.
La conciliación profesional y la protección de los derechos de los contribuyentes son algunas de las líneas de trabajo que figuran en este consejo, temas para los que se trabajará en una posible regulación específica de los plazos administrativos durante el mes de agosto.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que ha participado en la presentación del nuevo Consejo, ha explicado que este órgano responde a la necesidad de «incorporar conocimiento experto allí donde el ordenamiento jurídico exige cada vez una mayor especialización». Además, González ha indicado que el nuevo Consejo Asesor aspira a convertirse en un referente en Derecho Tributario desde la perspectiva de la Abogacía.
«La seguridad jurídica es una garantía para los ciudadanos y un pilar esencial del Estado de derecho. Con este Consejo Asesor queremos poner el mejor conocimiento jurídico al servicio de una normativa más clara, más predecible y más justa», ha añadido.
El Derecho Tributario crece un 112 % en cinco años
La creación del CADT ha coincidido con un momento de especial dinamismo para el Derecho Tributario, ya que, según datos elaborados por Abogacía Española a partir de la información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación de esta especialidad ha pasado de 654 millones de euros en 2019 a cerca de 1.388 millones en 2024.
De hecho, el Derecho Tributario se ha consolidado en la especialidad jurídica con mayor crecimiento en España, duplicando su volumen de negocio desde 2019. Esto supone un crecimiento acumulado del 112 %, muy por encima de la evolución del conjunto del sector jurídico.
Este nuevo Consejo Asesor cuenta con once profesionales de reconocido prestigio procedentes de ámbitos distintos del Derecho, una composición que refleja la voluntad de integrar conocimiento académico, experiencia institucional y práctica profesional para abordar los desafíos del sistema tributario desde una visión plural y multidisciplinar.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Almudí; el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Bernardo Bande; el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, Gabriel Casado; el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, Pablo Chico; el abogado del Estado especializado en litigación tributaria, Maximino Linares; y la magistrada del Tribunal Supremo, Sandra González de Lara, son algunos de los miembros del nuevo Consejo Asesor.
Así como la consejera y tesorera de Abogacía Española, Cristina Llop; la consejera de Abogacía Española, Antònia Martí; el consejero de Abogacía Española, Manuel Mata; la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, Saturnina Moreno; y el abogado y catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Andrés Sánchez.
En definitiva, el principal objetivo de este Comité es estudiar y generar debate, proponiendo soluciones que contribuyan a un mejor equilibrio entre las funciones de las Administraciones tributarias y la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes en un ámbito en el que la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar debe ir acompañada de un escrupuloso respeto a dichos derechos.
Además, se analizarán cuestiones más transversales como la revisión del régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto en el ámbito tributario. El objetivo será analizar posibles fórmulas que permitan compatibilizar el normal funcionamiento de las Administraciones tributarias con una mejor conciliación del ejercicio profesional de los profesionales de la abogacía especializados en Derecho Tributario, garantizando al mismo tiempo la tutela efectiva de los derechos e intereses de los contribuyentes.
Este nuevo órgano estudiará, a su vez, posibles mecanismos de flexibilidad o de inhabilidad parcial durante ese periodo que contribuyan a reforzar tanto la protección de los ciudadanos como la dignidad y las condiciones de ejercicio de los profesionales que los representan.
