La Administración General del Estado va a poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a los casos de agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas se han incrementado de manera exponencial, según los testimonios de los trabajadores y la información recabada por los delegados sindicales. Los casos extremos son las agresiones o intentos de agresiones, pero también insultos, descalificaciones, amenazas o imprecaciones que, según el sindicato CSI-F, deben contemplarse como situaciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de vista preventivo.
El protocolo que pondrá en marcha la Administración incluiría, según las recomendaciones de CSI-F, de entrada, un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistente salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo, tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia en su tratamiento. El protocolo habrá de incluir igualmente planes de prevención, actuación y protección ante situaciones violentas.
En este sentido, el sindicato llevará a cabo tras el verano un estudio pormenorizado sobre las agresiones que sufre el colectivo en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, dado que hasta el momento no hay datos sistematizados sobre la materia. "Las agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo son un reto a afrontar desde ya, porque cualquier violencia en el trabajo resulta inaceptable. En este sentido, la Administración tiene una asignatura pendiente, que también se extiende al acoso laboral o el seguimiento y la atención a empleadas públicas víctimas de violencia de género", comentan.
Se adelantó la Fiscalía General del Estado
A este respecto, la Fiscalía también ordenó en la respuesta a una Consulta, hecha pública en noviembre de 2008, que las agresiones contra profesores de la enseñanza pública y contra trabajadores de la sanidad pública se contemplaran como un delito de atentado a la Autoridad y Funcionario Público.
De este modo, los docentes de centros públicos ya tenían la consideración de autoridad a efectos penales a instancia de la Consulta "Sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo", remitida a las fiscalías en noviembre de 2008. El documento daba respuesta a las dudas planteadas por la Fiscalía de Andalucía acerca de cuál debía ser el tratamiento jurídico-penal de este tipo frecuente de agresiones en el ámbito de la sanidad y educación públicas.
En el texto, el Fiscal General del Estado de entonces, Cándido Conde-Pumpido, recomendaba a los fiscales considerar las agresiones contra funcionarios en el ámbito de la sanidad y de la educación, "consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave", dentro del ámbito de la tutela penal arbitrada por el delito de atentado, "siempre que concurran los demás elementos que configuran" el delito de atentado a la autoridad.
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