El anunciado “otoño caliente” no se ciñe sólo a la política, también alcanza a la judicatura. Tras el éxito de la jornada de protesta del 18 de febrero pasado, y comprobado, bajo el punto de vista de al menos una parte de los jueces, que las promesas hacia la Carrera Judicial no pasan a los hechos, amén de diversos agravios comparativos, está convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura una nueva jornada de huelga para el día 18 del mes que viene. A última hora de la tarde de ayer se ha sabido que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria se desvincula de dicha convocatoria. Queda saber, por lo tanto, el eco real que tendrá el paro de ese día.
A pesar todos los avances que se están haciendo en materia tecnológica, los jueces y magistrados adolecen de un malestar que no puede permitirse una Administración de Justicia.
En verano, reseñábamos, punto por punto, los aspectos que la judicatura creía que el Ministerio tenía que mejorar para que el servicio público fuese, verdaderamente, de calidad. A la vez, recordábamos que octubre sería, de nuevo, escenario de huelga; convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura.
Aunque podría parecer razonable que las cuatro asociaciones judiciales existentes (Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura) compartiesen puntos de vista y objetivos, parece que no es así: ayer, una vez celebrada a reunión del Comité Nacional con los Portavoces que representan a todas las secciones territoriales de Francisco de Vitoria, ha decidido no convocar huelga en la Carrera Judicial el próximo día 8.
Desde la Asociación reconocen que, a partir de la entrada del nuevo Ministro, las asociaciones judiciales han alcanzado acuerdos en algunas de las materias que constituían el objeto de sus reivindicaciones, como el ascenso forzoso o el asunto de los jueces de adscripción territorial. Se ha aceptado también por el Ministerio de Justicia una radical modificación de lo inicialmente previsto para los señalamientos, y aunque no les guste la "caótica redacción final" -en palabras de la Asociación-, asegura que el señalamiento quedará, en todo caso, en manos del Juez. Además, el Ministerio se ha comprometido a convocar 250 nuevas plazas de jueces anuales en las oposiciones de los próximos tres años, así como crear 600 nuevos órganos judiciales en el mismo periodo, de los que 150 serán de Adscripción Territorial. Prevé una dotación presupuestaria extraordinaria de 600 millones de euros, y ha avanzado de manera importante en la planificación de los pasos necesarios para el desarrollo informático de la administración de justicia y su coordinación entre las diferentes Comunidades Autónomas.
Sumado todo ello, Francisco de Vitoria prefiere adoptar una postura de espera.
La AJFV exige, de todos modos, un compromiso explícito del Gobierno en el mantenimiento de las negociaciones con los legítimos representantes de los Jueces y que el Ministerio de Justicia demuestre verdadera voluntad de acometer la profunda y urgente reforma de la justicia española. En caso de no verificarse esto, sí promoverán nuevas movilizaciones.
