- La renuncia colectiva responde a la falta de medios para garantizar una defensa técnica adecuada en procedimientos de especial complejidad como los de terrorismo o crimen organizado.
La protesta iniciada en diciembre en el Colegio de la Abogacía de Madrid con la renuncia masiva de letrados adscritos al turno de oficio de la Audiencia Nacional ha tenido ya una primera consecuencia institucional. La Sala de Gobierno de la AN ha expresado formalmente su preocupación por la situación, tras recibir una comunicación del ICAM en la que se informaba de la movilización convocada por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) como respuesta a la falta de medios materiales y económicos para prestar con garantías este servicio esencial, que afecta a procedimientos de especial complejidad como los de terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.
Según consta en el acta de su última reunión, la Sala de Gobierno “manifiesta la preocupación por esta situación”, dada la incidencia que puede tener en el “buen funcionamiento de la Justicia”, y acuerda trasladar la comunicación del ICAM a todos sus miembros “para su conocimiento y a los efectos oportunos”.
Desde el Colegio se valora este pronunciamiento como un acto de responsabilidad institucional y diligencia por la correcta prestación del servicio público por parte de un órgano de gobierno que pone sobre la mesa la preocupación ante la precariedad del turno de oficio en asuntos de elevada complejidad.
El 11 de diciembre de 2025, el decano del ICAM, Eugenio Ribón trasladó por escrito al presidente de la Audiencia Nacional la preocupación institucional por la renuncia de letrados del Turno de Oficio en dicho órgano. En la carta expuso la precariedad de las condiciones económicas y materiales del Turno, advirtiendo del riesgo para la calidad del servicio, el derecho de defensa y el funcionamiento de la Audiencia Nacional. Asimismo, reclamó un impulso urgente para restablecer el equilibrio del sistema y garantizar una defensa de oficio digna y adecuada en procedimientos especialmente sensibles.
“Comprendemos la reivindicación de la abogacía del Turno de Oficio. Esta acción no es solo una defensa de la dignidad profesional de los letrados y letradas, sino también una defensa de la propia sociedad, que necesita una Justicia Gratuita fuerte, independiente y sostenible”, subrayaba Ribón en una comparecencia celebrada en esa misma fecha en la sede del ICAM, en la que también anunció su renuncia como abogado de oficio adscrito a ese turno.
En aquella ocasión, el decano denunció que, en las actuales condiciones, resulta “sencillamente imposible garantizar la preparación, el estudio y la dedicación que exigen estas macrocausas”. En procedimientos que pueden alargarse durante meses o años, los letrados perciben apenas 244,95 euros netos por asunto, lo que se traduce en remuneraciones reales de entre 0,10 y 0,20 euros la hora una vez descontados impuestos, desplazamientos y tiempos de preparación. “No se puede exigir máxima responsabilidad y especialización en macrocausas mientras se mantienen baremos que ni siquiera cubren los costes reales del servicio”, advirtió el decano. “Si no se actúa con urgencia, el riesgo de colapso del sistema de Justicia Gratuita en este ámbito es real y cercano”
También el diputado Juan Manuel Mayllo, responsable del Turno de Oficio en la Junta de Gobierno del ICAM, ha vinculado esta situación con la calidad del sistema judicial en su conjunto: “Estamos diciendo alto y claro que, con estas condiciones, no se puede garantizar una defensa técnica a la altura de la complejidad de estas causas”, afirmó. A su juicio, el conflicto no se limita a una cuestión presupuestaria, sino que afecta de lleno al derecho de defensa, a la igualdad ante la ley y a la fiabilidad del sistema judicial en su conjunto. “Nadie aceptaría que se protegiera la seguridad del Estado con medios materiales y humanos claramente insuficientes; eso es exactamente lo que está ocurriendo con el Turno de Oficio de la Audiencia Nacional”, denunció
Para Mayllo, esta situación deteriora no solo el ejercicio profesional de los abogados de oficio, sino también la confianza de los ciudadanos en la calidad de la justicia gratuita. “Esta situación afecta directamente al derecho de defensa y a la calidad global del servicio de justicia gratuita. Si no hay condiciones dignas, no puede haber garantías reales”, concluyó
La declaración de la Audiencia Nacional, concluye el ICAM, representa un punto de inflexión que eleva el conflicto al plano institucional. La preocupación expresada por la Sala de Gobierno refuerza la urgencia de una respuesta por parte del Ministerio de Justicia, con quien el Colegio mantiene abierta la interlocución para abordar una revisión estructural del sistema.
