La comisión de Empleo del Parlamento Europeo ha pedido a los países de la UE que continúen incentivando la contratación regular y que endurezcan las sanciones contra los empresarios que reincidan en el uso de mano de obra no declarada.
Las medidas figuran en un informe aprobado hoy por una aplastante mayoría (41 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones), que aboga además por una mayor coordinación europea en las inspecciones laborales.
El texto recuerda que el trabajo en negro representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en algunos estados miembros y que es un elemento "preocupante" en todos los mercados laborales de la UE.
Asimismo, denuncia que la población inmigrante, en particular la que se encuentra en situación ilegal, es los más expuesta a ese tipo de explotación.
El empleo no declarado "puede dañar el modelo social europeo, crear distorsiones de competencia en el mercado interior y dumping social", ha alertado hoy en la votación del informe el eurodiputado socialista Pier Antonio Panzeri, ponente del mismo.
El documento invita a la Comisión Europea a estudiar la creación de una base de datos que reúna las metodologías nacionales empleadas para contabilizar el trabajo no declarado y pide a Bruselas que promueva el intercambio de buenas prácticas y de conocimientos en ese ámbito.
El texto denuncia que el concepto de trabajo en negro varía de un país a otro, por lo que pide una definición común, para "eliminar las incertidumbres en el plano estadístico.
A tal efecto, anima a tomar como "punto de partida" la definición que utiliza la propuesta de la CE, que diferencia entre actividades legales e ilegales.
Por otra parte, el informe aboga por una mejor aplicación de la legislación existente sobre el salario mínimo e invita a los estados miembros que todavía no han puesto en marca un "salario mínimo decente" a hacerlo.
Por último, el texto invita a los países que aún no han abierto sus fronteras a los trabajadores de los estados miembros del este a que eliminen esos obstáculos.
