Si en 2022 el debate sobre los gravámenes extraordinarios nació al calor de la crisis de Ucrania, este abril de 2026 nos sitúa ante un déjà vu jurídico de consecuencias aún más profundas.
El escenario ha cambiado: el presidente Pedro Sánchez lidera una coalición junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal para exigir a la Comisión Europea la creación de un impuesto armonizado a nivel de la UE sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras y gasistas. Lo que nació como una medida de emergencia busca ahora, bajo el pretexto de la guerra en Oriente Medio, consolidarse como un pilar de la arquitectura fiscal comunitaria.
La quiebra de la transitoriedad y el giro europeo de Sánchez
Tal como se analizaba tiempo atrás en la publicación “Windfall tax en España: ¿permanente?”, el gravamen extraordinario nació con una etiqueta de estricta transitoriedad sobre los grandes operadores energéticos, así como entidades y establecimientos financieros de crédito, justificado por la crisis inflacionaria generada por la crisis de Ucrania.
Sin embargo, la historia reciente es la de una promesa incumplida. El pasado año, el Ejecutivo español intentó convertir en estructurales estos gravámenes con resultados dispares: mientras que el sector energético logró frenar la medida ante la amenaza de fuga de capitales (recordemos que principalmente gracias a la amenaza de Repsol de trasladar al extranjero inversiones en País Vasco y Cataluña que derivó en la falta de apoyo al Ejecutivo de Junts y PNV), el sector bancario vio cómo su gravamen se perpetuaba. Si bien, tales entidades afectadas mantienen una batalla judicial activa con recursos que denuncian la vulneración de los principios de igualdad y capacidad económica.
Ante el bloqueo político interno para el sometimiento de las energéticas, Pedro Sánchez ha trasladado el campo de batalla a Bruselas, vinculando el impuesto a una «flexibilidad estratégica», exigiendo al sector su apoyo a los consumidores en esta difícil coyuntura.
El Estado como socio a ganancias: El «dividendo de guerra» fiscal por inflación
Si bien se ha aprobado el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con medidas “urgentes” (aunque con varias semanas de retraso) para mitigar los efectos del conflicto, incluyendo la reducción del IVA de los carburantes y la electricidad, y el refuerzo del bono social eléctrico y térmico, y la garantía de suministro energético a los hogares más vulnerables; España se encuentra registrando ingresos récord en 2026 debido al efecto multiplicador de la inflación en la imposición indirecta, al ser el IVA un impuesto ad valorem, la escalada del precio del crudo y derivados, y del gas natural.
De esta manera, el Estado ya se beneficia en su recaudación del incremento de precios derivados de la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz a través de la base imponible. Por ello, la pretensión de imposición de un segundo gravamen directo sobre la actividad de la misma industria podría llegar a considerarse incluso confiscatorio, más allá de la controversia sobre una eventual doble imposición directa.
Además de la “solidaridad” exigida a las principales compañías energéticas frente al impacto económico soportado por los ciudadanos a causa del reciente conflicto, es conocido el interés que mantenía el ejecutivo español en perpetuar de este gravamen como importantísima fuente de recaudación para unas cuentas que no cuadran, resultando el reciente conflicto la excusa perfecta para justificar su reactivación.
Gasolina para alentar un escenario inflacionario y de pérdida de competitividad
La insistencia por perpetuar el gravamen extra a las energéticas supone una suculenta fuente de recaudación para las arcas públicas, pero tal esfuerzo carece de sentido ante una ausencia de estrategia económica sensata y con visión de futuro. Qué duda cabe que una imposición al sector que se torna de tipo permanente resulta finalmente trasladada indirectamente al consumidor de una u otra manera.
Más allá de la inseguridad jurídica que a este respecto viene desalentando la inversión en el sector a partir del primer windfall tax impuesto años atrás, una economía con costes de energía altos deriva necesariamente en una pérdida de competitividad de sus sectores estratégicos. Todo ello, en una Europa ya arrastrada por políticas poco eficientes desde un punto de vista económico en cuanto a energía y regulación de las emisiones de CO2.
Al final habrá que “solidarizarse” con los pobres consumidores, que, nunca mejor dicho, verán su capacidad económica seriamente afectada.
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