Izquierda Unida, a través de su Grupo Parlamentario, sacó adelante ayer en la Comisión de Sanidad del Congreso una proposición no de ley que solicita la extensión de la cobertura sanitaria gratuita a todos los ciudadanos españoles con independencia de su vinculación a la Seguridad Social. En la defensa de la iniciativa, el diputado de IU y presidente de la Comisión , Gaspar Llamazares, recordó que únicamente en Navarra y Cataluña se ha intentado paliar esta situación y destacó que la Administración Central no puede dejar este problema sin resolver en manos de las Comunidades Autónomas.
Informes variados pero con poca precisión cifran en cerca de 200.000 las personas que carecen de esta protección sanitaria gratuita. Por ello, la propuesta de IU reclama la elaboración de un estudio que cuantifique la población sin derecho a la asistencia sanitaria pública y su impacto económico para después adoptar las medidas necesarias destinadas a extender la cobertura a todos ellos.
La iniciativa aprobada insta al Gobierno a elaborar este estudio en el plazo máximo de un año.
El texto íntegro aprobado es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar un estudio que cuantifique la población sin derecho a la asistencia sanitaria pública y que evalúe el impacto económico, de su acceso universal y gratuito a la asistencia sanitaria, en el plazo máximo de un año.
- En base a dicho estudio, adoptar las medidas normativas más procedentes para extender la cobertura sanitaria gratuita y que reconozca el Derecho Universal a la salud, a todos los ciudadanos españoles.
- Todo ello, al objeto de dar garantía formal y real del acceso gratuito y en términos de igualdad a la asistencia sanitaria de nuestro sistema público de salud.
Hoy por hoy, la asistencia sanitaria está garantizada a todos. Fuentes de Izquierda Unida aclaran a Legal Today que en la contingencia que se ha fijado el grupo para hacer esta proposición no de ley estriba en dos casos polarizados, que convergen en la no filiación a la Seguridad Social; que son bien clases desfavorecidas que no cuentan con la información pertinente que les permita acudir al sistema de Seguridad Social, o bien rentas altas que no ven necesaria dicha filiación y gestionan personalmente la asistencia sanitaria a través de entidades privadas.
Dado que la sanidad es una competencia trasferida a las Comunidades Autónomas, conforme al principio de descentralización territorial, en un proceso que empezó en 1981 y terminó en 2002 -excepto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que continúan con el sistema sanitario estatal-, dichas medidas, de salir adelante, tendrían que ser llevadas a cabo por las autonomías.
