En estos días, y simultáneamente a la puesta en marcha del nuevo Consejo General del Poder Judicial, se está procediendo a la complicada renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que corresponden al Senado, tras la sentencia de esta propia sede, denegatoria del recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 184 del Reglamento del Senado, que mantenía que vulneraba el artículo 159 de la Constitución por sustraer capacidad real a la Cámara alta para elegir su cuota de magistrados del Constitucional.
El Senado tiene que designar, cada nueve años, cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional; asunto que está pendiente desde el pasado mes de diciembre.
De los ventitrés candidatos para las cuatro vacantes que han sido propuestos al Senado por parte de los parlamentos de cada Comunidad Autónoma, ninguno tiene posibilidad de obtener la mayoría necesaria de tres quintos de la Cámara alta para salir elegido, a pesar de que parecía que era una contingencia excluida tras el Pacto por la Justicia de finales del mes de julio.
El PSOE ha presentado a dieciséis candidatos distintos, los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios a cinco; y el Partido Popular a dos, Enrique López y Francisco José Hernando, en nueve comunidades autónomas.
Concretamente es ahí donde está el punto de encalle, ya que, los senadores socialistas y nacionalistas han anunciado que no les votarán, debido a su habitual postura contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y las pretensiones nacionalistas. Por su parte, el Partido Popular se niega a dar su voto a los candidatos progresistas si los antiguos presidente y portavoz del CGPJ no salen nombrados.
Fuentes del PP, además, han excluido toda posibilidad de variar los candidatos propuestos.
Posible vía de solución
En el caso de que el estado de las cosas no se descongestione, se podría acudir a la vía que el propio Tribunal Constitucional describió en la Sentencia 101/2008, de 24 de julio de 2008 que se ha señalado al inicio de esta noticia: si el Senado no elige a los cuatro magistrados de entre los sugeridos por las Comunidades, se podría iniciar un nuevo proceso proponiendo candidaturas surgidas del propio seno de la Cámara.
