Reforma de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2014 que se está desarrollando en el Congreso de los Diputados que su departamento presentará a uno de los tres Consejo de Ministros que queda en este mes de noviembre el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para que pase a trámite parlamentario antes de fin de año.
Jorge Fernández Díaz ha explicado en sede parlamentaria y posteriormente en rueda de prensa que el Ministerio del Interior busca dar respuesta en el texto que está preparando al fenómeno de desórdenes callejeros que se está produciendo últimamente que lleva consigo daño a mobiliario urbano (contenedores, señales, semáforos), concentraciones delante de instituciones del Estado, "al margen de la ley y que puedan ser una amenaza y que no están tipificados como delitos", según ha comentado el Ministro, protestas callejeras que impiden el normal desarrollo ciudadano, piquetes informativos violentos en las jornadas de huelga y los llamados "escraches", que llegaron a generalizarse contra los responsables políticos en el seno de las protestas por la oleada de desahucios hace unos meses. Este texto sería el tercero que Interior introduciría en poco tiempo el las Cortes Generales, tras el Proyecto de Ley de seguridad privada y de seguridad vial.
La que será reforma de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana contemplará, así, conductas que no preveía el texto anterior por ser fenómenos desconocidos y ajustará mejor la respuesta a conductas que se han incrementado estos años, como la quema de contenedores -estos días precisamente en la huelga de servicios de limpieza de Madrid-. Las nuevas infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
El proyecto de ley eliminará las faltas. A las consideradas como más graves se le endurece la respuesta y pasan a considerarse delito y las más leves pasan a considerarse sanción administrativa. No habrá intervención del juez para éstas y la multa, que será la respuesta del Estado, será remitida desde la Administración pública, ante quien el sancionado podrá articular su eventual recurso.
El Ministro ha dicho que "El objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil Policía y fuerzas de seguridad",
La Ley de Seguridad Ciudadana texto vendría a integrar la respuesta del Estado a las conductas con relevancia penal que no llegan a delito tras que el Anteproyecto de reforma del Código Penal haya eliminado las faltas dejando sólo algunas de ellas como delitos leves, castigados con multa (pasan a ser delitos o infracciones administrativas). El proceso por estas conductas se desarrollará en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que trabaja en estos momentos el Ministerio de Justicia pero ya trabajaba el equipo de Caamaño en la legislatura anterior, gobernada por el PSOE.
Si entrase en vigor el Código Penal reformado sin que estuviese en vigor la que será nueva Ley de Enjuiciamiento Penal, cosa más que probables, este tipo de conductas se resolverán en juicios de faltas.
