El Consejo de Ministros aprobó ayer el Informe del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Según defendió el Ejecutivo en su presentación, “la Ley consolida y garantiza derechos que suponen un gran avance para las personas trans y LGTBI”. Añadió que “se trata de una Ley despatologizante en la que las personas trans dejan legalmente de ser consideradas enfermas, tal y como ya ha indicado la Organización Mundial de la Salud en la actualización del CIE-11”.
Asimismo, la nueva norma permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres sin pareja vuelvan a tener acceso a técnicas de reproducción humana asistida tras 7 años sin acceso a ese derecho en el Sistema Nacional de Salud. Igualmente, el Gobierno se ha comprometido a redactar una Orden Ministerial en el plazo de 6 meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad de gestar.
Este Anteproyecto modifica el artículo 120 del Código Civil y responde a una de las demandas del colectivo LGTBI, como es la filiación de los hijos e hijas de las parejas formadas por dos mujeres sin necesidad de que estén casadas. Además, se prohíben las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento. La norma aprobada “consolida derechos para las personas trans y LGTBI en el ámbito educativo y laboral”.
Inversión de la carga de la prueba
Aunque el Ejecutivo no ha facilitado el texto de Anteproyecto, diversos medios avanzan aspectos no relevados. Entre otros destaca el régimen sancionador. Así por ejemplo y según informa ElMundo.es, “el propietario de una vivienda que rechace alquilarla a una pareja porque no le gusten los gais o que no renueve el contrato de arrendamiento a otra porque se ha enterado de que son lesbianas se enfrentará a una multa de hasta 150.000 euros”. El citado medio explica que esta es una de las infracciones por discriminación LGTBI catalogadas como «muy graves» que recoge la conocida como ley Trans. Apunta por último que “eludir una sanción por una denuncia como la de ese casero que discrimina puede no ser tan sencillo. Según el Ministerio de Igualdad, la ley establecerá un régimen «que se basa en la inversión de las normas relativas a la carga de la prueba«. Es decir, que será el denunciado el que deba probar que no ha discriminado”.
Procedimiento registral y de cambio de sexo
El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó que el texto contempla el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, en diferentes tramos de edad y atendiendo a la madurez y estabilidad del solicitante.
El procedimiento para cambiar de sexo en el registro de los menores de entre 12 y 14 años será mediante un expediente de jurisdicción voluntaria, es decir, una resolución judicial lo determinará. Las personas entre 14 y 16 años tendrán que acudir al Registro Civil, acompañadas de sus padres o de la figura de un «defensor«, donde rellenarán un formulario y recibirán información sobre las consecuencias legales que tendrá el cambio. Los solicitantes de entre los 16 y 18 años podrán realizar de manera autónoma el cambio de sexo en el Registro Civil.
En el plazo máximo de tres meses el solicitante comparecerá de nuevo para ratificar su solicitud y la persona encargada del registro dictará una resolución en el plazo máximo de un mes tras esa segunda comparecencia. El ministro incidió en que la norma prevé la posibilidad de un proceso de reversión del cambio de sexo, para el cual el menor deberá esperar seis meses.
Medidas de acción positiva
El Anteproyecto incorpora también medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las personas LGTBI al empleo, especialmente de las mujeres trans, así como de otras medidas de igualdad en el ámbito laboral. Asimismo, garantiza que la atención sanitaria a las personas trans se realicen conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado. Además, se prevé la inclusión en los currículums educativos del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas, así como formación en la materia para todo el profesorado.
Por otro lado, se regulan dos Estrategias Estatales para el fomento de políticas públicas que tengan como objetivo la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI. De esta forma la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas LGTBI se erige como instrumento principal de colaboración territorial para el impulso, el desarrollo y la coordinación de las políticas. También se crea con esta ley la Estrategia Estatal para la inclusión social de las personas trans. Ambas tendrán carácter cuatrienal.
