Incluye asistencia letrada gratuita en el idioma del beneficiario, protección especial para los testigos, un mes de plazo para que las víctimas decidan si denuncian o no sin que sean expulsadas durante este tiempo y ayudas económicas temporales. Por el momento carece de dotación económica. El Ministerio del Interior redactó un borrador similar en 2006. El Ministerio de Igualdad presentó ayer las líneas de trabajo del Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual a las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la trata en España. Once ministerios participan en la elaboración del documento que será remitido a las Comunidades Autónomas y a la representante especial para la lucha contra la trata de seres humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), cuyas aportaciones se debatirán en la próxima Conferencia Sectorial.
Actualmente, de la prostitución forzada se ocupa el Código Penal en sus artículos 187, 188, 189 y 190; y de los delitos contra los Derechos de ciudadanos extranjeros, el 318 bis, 515, 517 y 518. Con este plan, el Ministerio de Igual amplía el espectro legal que se ocupa de la prostitución ocupándose no sólo de penar al que induce u obliga, sino facilitando su denuncia. Se calcula que, en España, de las 300.000 mujeres que se dedican a la prostitución, el 90% de las prostitutas son extranjeras, y la mayoría de ellas ilegales.
Bibiana Aído ha agradecido en la presentación del plan las aportaciones y espíritu constructivo a las organizaciones implicadas en esta realidad en la elaboración de un plan que pretende erradicar "un delito lamentable y odioso" que afecta a miles de mujeres cada día. "El imaginario de una mujer que se dedica a la prostitución libremente no se corresponde con la realidad. Nueve de cada diez mujeres son forzadas y han sido víctimas de la trata", ha señalado la ministra.
El Plan, que se aprobará antes de final de año, persigue cuatro objetivos:
- sensibilizar a la ciudadanía sobre el problema,
- fijar políticas activas de cooperación con las que combatir las causas,
- establecer las garantías jurídicas y condiciones suficientes para que las víctimas se sientan seguras y denuncien,
- integrar la participación de once ministerios, organizaciones no gubernamentales y Comunidades Autónomas.
Entre las medidas que contempla el borrador está la asistencia letrada gratuita y en su lengua, protección especial para los testigos, un mes de plazo para que las víctimas decidan si denuncian o no, sin que sean expulsadas durante este tiempo, y ayudas económicas temporales. Asimismo, el Gobierno contará con las asociaciones para la gestión y asistencia integral y mejorará la formación de los profesionales encargados de detectar el delito y atender a las víctimas. Por último, se pondrán en marcha campañas de sensibilización porque "los españoles deben saber que detrás de una prostituta hay generalmente una mujer víctima del tráfico y la trata de seres humanos", según explicó la ministra de Igualdad.
En 2006, el Ministerio del Interior, con la colaboración de los ministerios de Trabajo y Justicia redactaron un documento similar que preveía también una modificación de la Ley de Extranjería en el sentido de permitir el acceso a un permiso de residencia temporal "por circunstancias excepcionales".
