Hasta que se normalice la situación, ven imprescindible aplazar nueve meses el pago del IVA y tres el de las cuotas a la Seguridad Social; lo que supondría un incremento inmediato y real de la liquidez frente a la subida mensual del paro. Piden un nuevo "contrato de crisis", bonificado y con una indemnización por despido similar a la establecida en la legislación actual para despidos por causas económicas.
La Junta Directiva de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, advierte de que la intensidad y gravedad de la crisis económica está colocando a los agentes económicos y al conjunto del país en una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales y urgentes para hacerles frente. El presidente de CEIM afirma que los empresarios quieren seguir asumiendo riesgos e invirtiendo, pero será imposible si no se adoptan con urgencia medidas que impulsen la recuperación de la confianza.
En estos momentos, el principal problema para las empresas es su falta de liquidez. Por ello piden la creación de un observatorio, con participación empresarial, que controle y garantice que el dinero público facilitado a las entidades financieras llegue a la economía real, tanto a empresas como ciudadanos.
Razonan que, al igual que el Estado ha garantizado la liquidez a las entidades financieras; es necesario que haga lo mismo con las empresas, o muchas se verán seriamente comprometidas. Por ello, y dado que el Estado no cuenta con instituciones financieras que lleguen a todo el tejido empresarial, proponen llevar a cabo una acción de similares efectos, a través del aplazamiento del pago de impuestos. Los empresarios lo alargarían que hasta que se compruebe que el dinero vuelve a las empresas con fluidez, y al menos durante este año. Concretamente solicitan que:
- se aplace nueve meses el pago del IVA a todas las empresas que lo pidan sin exigir ningún tipo de garantías o coste adicional. Los empresarios de Madrid calculan que esto supondrá un incremento de liquidez muy importante para las empresas, lo que en muchos casos puede ser lo que permita la continuidad de un negocio.
- se aplace el pago de las cuotas a la Seguridad Social en al menos tres meses sin gasto de demora. Además, reducirlas cinco puntos hasta homologarlas a los niveles medios europeos.
- se garantice por ley que todas las administraciones públicas pagan en 60 días a sus acreedores.
Respecto al Impuesto de Sociedades proponen avanzar hacia un sistema homologable a los estándares empresariales medios europeos, acometiendo la necesaria bajada de la fiscalidad de las empresas y las personas, que no penalice el trabajo y que incentive el ahorro privado a largo plazo. Específicamente, solicitan que, con carácter de urgencia, se apruebe una reducción a la mitad del Impuesto de Sociedades para las pequeñas y medianas empresas; de forma que los primeros 120.000 euros de beneficios tributen al 12,5 por ciento, en línea con lo que ha hecho Portugal y que está en vigor desde el uno de enero de 2009.
Otras medidas urgentes propuestas son:
- eliminar de todas aquellas tasas que no tienen justificación por gravar servicios de carácter general que tienen que ser prestados por las administraciones,
- ampliar las categorías de productos y servicios que la UE permiten se acojan al IVA reducido y superreducido,
- establecer mecanismos de control que eviten que vía desarrollo reglamentario se exijan mayores requisitos u obligaciones formales que las marcadas en las leyes.
Contra el paro, flexibilizar el mercado laboral
En las actuales circunstancias económicas, los resultados del modelo de relaciones laborales se ha traducido en un mayor aumento de la tasa de paro en España respecto de Europa hasta llevar a nuestro país a la primera posición de destrucción de empleo.
CEIM considera imprescindible una reforma que profundice en la flexibilización de los mecanismos de entrada y salida del mercado laboral, de manera que los empresarios puedan adaptar su plantilla a las circunstancias económicas actuales, sin trabas administrativas. Debería unificarse, para los nuevos contratos que se celebren, según han planificado los empresarios, la indemnización por despido; cualquiera que sea su causa, en torno de 20 días por año trabajado, igualando con la media europea.
Mientras tanto, proponen la aprobación de un nuevo "contrato de crisis", bonificado, y con una indemnización por despido similar a la establecida en la legislación actual para despidos por causas económicas; y que las bajas laborales se sufraguen por el sistema público desde el primer día.
