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25/09/2022. 09:31:48

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Los inspectores de hacienda, en contra de la “amnistía fiscal” como incentivo para que salga a la luz el dinero negro

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La anterior amnistía fiscal tuvo resultados prácticos negativos. Desde el Ministerio de Economía se niega que dicha medida esté en estudio. Supondría una medida contraria a lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción; ya que el delito por blanqueo de capitales suele ir unido a estas actividades delictivas. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado se muestra en contra de las medidas fiscales que el Gobierno estaría estudiando para reactivar la economía y aumentar la liquidez en el sistema financiero porque ello supondría de hecho una auténtica amnistía fiscal. Desde el punto de vista de la Organización, la medida sería injusta e iría en contra de la lucha contra los delitos económicos y la obligación de todos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.

Según informaciones publicadas ayer en la prensa, el Gobierno estaría barajando la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales para que los 108 millones de billetes de 500 euros que se estima que en estos momentos están en circulación en España «salgan de debajo del ladrillo o de la caja fuerte y entren en cuentas bancarias», con el fin de aliviar los problemas de liquidez en las entidades bancarias y relajar la restricción crediticia que sufre en estos momentos la economía española.

Los inspectores de hacienda, en contra de la 'amnistia fiscal' como incentivo para que salga a la luz el dinero negro

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado considera que el llevarse a cabo esta medida supondría dar unos incentivos económicos para que los ciudadanos no declaren, legitimar el fraude a la Hacienda Pública, y generar pérdida de credibilidad en el exterior.

Desde su punto de vista, frente a cualquier intento de amnistía fiscal se debería potenciar una eficaz lucha contra el fraude dotando a la Agencia Tributaria de medios suficientes de cara a estar en posición de cumplir un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos, singularmente al legislador y a los órganos de la Administración tributaria; y no una opción que quede a libre disponibilidad.

Por ello, el legislador tendría que habilitar las potestades o los instrumentos jurídicos que sean necesarios para una eficaz actividad de inspección y comprobación; pues se trata de una exigencia inherente a una "sistema tributario justo" que la Constitución propugna en artículo 31.

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