Durante el tercer trimestre del año 2020 se practicaron un total de 7.096 lanzamientos, volumen que se traduce en un descenso del 30,2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, durante el mismo periodo se presentaron 5.299 ejecuciones hipotecarias, un 52,7 % más que entre julio y septiembre de 2019.
Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 73,1 % de los lanzamientos, 5.190, tuvo su origen en procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 1.564 (el 22 %) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 342 restantes obedecieron a otras causas.
El órgano rector de los jueces destaca que desde hace 21 trimestres (más de cinco años) se viene experimentando una disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias. La última disminución interanual refleja un descenso del 38,1 %. Con mayor nivel de detalle y en lo que respecta al tercer trimestre de 2020, los lanzamientos derivados del impago del alquiler disminuyeron un 25,4 %, siendo el sexto trimestre en el que se observan reducciones interanuales. Andalucía, con 1.168 (el 16,5 % del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el este trimestre, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.137; Cataluña, con 1.117; y Madrid, con 622.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, encabeza la lista Cataluña, con 820 (el 15,8 % del total), seguida por Andalucía, con 765; Comunidad Valenciana, con 739 y Madrid, con 553. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la Comunidad Valenciana, con 369, ocupa el primer lugar, seguida de Andalucía (342), Cataluña (195) y Murcia (172).
Más difícil resulta analizar el dato relativo al número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos. Esto es debido, según advierte el CGPJ, a que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, “por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos”. Además, “el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que este lo haya ejecutado”. Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2020 fue de 14.117, un 11 % más que en el mismo trimestre de 2019. De ellos, 6.226 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un decremento interanual del 13,1 %.
Las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 52,7 %
En lo que respecta a las ejecuciones hipotecarias, entre julio y septiembre de este año se presentaron un total de 5.299, lo que supone un 52,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. Por territorios, el mayor número se dio en Cataluña, con 1.221 (un 23 % del total nacional), seguida por Andalucía, con 980; Comunidad Valenciana, con 893; Madrid, con 522; y Murcia, con 340.
El informe también recoge los datos de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas): en el tercer trimestre de 2020 ingresaron en los juzgados especializados 16.133 asuntos de esta naturaleza; se resolvieron 26.731, quedando en tramitación 252.181. Se dictaron 23.128 sentencias, el 98,3 % de las cuales fueron estimatorias.
Ocupación ilegal de viviendas
Donde los datos ofrecen una cifra similar a la del tercer trimestre de 2019, es en el ámbito de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. Como es sabido, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas modificó el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En el tercer trimestre de 2020 ingresaron 983, cifra similar a la del mismo trimestre de 2019; habiéndose resuelto 770. En Andalucía y Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 216, que representan el 22 por ciento del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 108, y Castilla la Mancha, con 102.
Incremento de un 10,9 % en los procedimientos monitorios
Como en otros parámetros, los incrementos también han afectado a los procedimientos monitorios presentados durante el tercer trimestre de 2020. El incremento fue de un 10,9 %, debido a que se presentaron en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción un total de 167.630 de estos procedimientos monitorios. El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Como en trimestres anteriores, destaca el CGPJ, la mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 32.544: le siguieron Madrid, con 29.139; Cataluña, con 22.146; y la Comunidad Valenciana, con 21.529. En cuanto a los monitorios europeos, y después de la disminución puntual observada en el trimestre anterior, alcanzaron en el tercer trimestre de 2020 el mayor valor histórico de ingresos, habiéndose presentado se 9.115. De ellos, 2.142 en Cataluña; 1.265 en Andalucía; 1.220 en Madrid; y 1.203 en la Comunidad Valenciana.
Repuntan las demandas de disolución matrimonial
La paralización de los procedimientos durante el segundo trimestre del año tuvo un efecto directo en la presentación de demandas de disolución matrimonial, que prácticamente quedaron paralizadas. Sin embargo, durante el tercer trimestre han experimentado un incremento interanual generalizado. Según los datos del CGPJ, el número total de demandas de separaciones y divorcios ha aumentado un 16,6 % respecto al tercer trimestre de 2019. En concreto hubo:
- 14.835 demandas de divorcio consensuado, un 17,7 % más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019.
- 9.809 demandas de divorcio no consensuado son un 15 % más.
- Por lo que respecta a las demandas de separación, las 783 demandas de separación consensuada representan un incremento del 19,7 %, y las 305 no consensuadas un 6,6 % más que las presentadas el año anterior.
- El número de demandas de nulidad fue de 14, un 16,7 % superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2019.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6. Le siguen Baleares, con 6,1; Andalucía, 5,9; Asturias y Cantabria, 5,7; Galicia, 5,6; y Murcia, 5,5. Todas estas Comunidades Autónomas superan la media nacional, que es de 5,4. Las cifras más bajas se han dado en Castilla y León y País Vasco, con 4,3; Madrid, 4,4; y Aragón, 4,6, que se quedan por debajo de la media nacional.
