- A pesar de que varios sindicatos como CCOO y UGT dieron un ultimátum al Gobierno para aprobar el registro horario antes del 31 de julio
Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Economía, Comercio y Empresa han alcanzado un acuerdo para tramitar el registro horario en septiembre, tras un tiempo de trabajo del Gobierno para resolver las cuestiones planteadas por el Consejo de Estado.
Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguraba esta misma semana que la nueva normativa que regulará el registro horario está «prácticamente lista», fuentes de ambos departamentos han confirmado a Europa Press la decisión de posponer su aprobación hasta septiembre, en lugar de llevarlo al Consejo de Ministros antes de las vacaciones, tal y como estaba previsto.
Los ministerios que dirigen Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo han llegado a este acuerdo, adelantado por el diario El País, pese al «ultimátum» lanzado este mes por los sindicatos CCOO y UGT para que el Gobierno sacara adelante la norma antes del 31 de julio o no participarían en futuros acuerdos que después no se materializan.
A finales del pasado mes de marzo, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable a la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo, con la que el Departamento dirigido por Yolanda Díaz pretende modificar el control de las horas de trabajo para evitar que se manipulen y para que la Inspección pueda hacer comprobaciones en remoto.
El proyecto de Real Decreto del registro horario llegó al Consejo de Estado a finales de febrero con tramitación urgente, por lo que este órgano consultivo del Gobierno, cuyos dictámenes no son vinculantes en la mayoría de los casos, debía emitir su informe con prontitud. Dicho dictamen se conoció el pasado 23 de marzo.
El Consejo de Estado se mostró contrario a la aprobación del Real Decreto de reforma del registro horario, una iniciativa que formaba parte inicialmente del proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por la falta de adecuación por sectores del nuevo registro, la carga extra para las pymes, así como por la decisión de aprobar el proyecto vía Real Decreto y no mediante una norma con rango de ley.
Asimismo, el dictamen del Consejo de Estado rechazaba el nuevo registro horario tras las críticas formuladas por los ministerios de Economía y de Función Pública a varios elementos del proyecto.
