La Comisión Europea ha propuesto este miércoles nuevas normas para potenciar la capacidad tecnológica europea, por ejemplo triplicando la capacidad de los centros de datos ubicados en Europa y restringir el acceso de proveedores extranjeros a contratos públicos de computación en la nube, en un intento por ganar terreno en sectores como el de los semiconductores y la Inteligencia Artificial (IA) y romper con las dependencias de terceros como Estados Unidos o China, en los que la Unión Europea ya no confía.
«Garantizar la soberanía tecnológica no significa proteccionismo. Europa sigue basándose en la apertura, la colaboración y la competencia leal, pero al mismo tiempo quiere tener la capacidad de tomar sus propias decisiones y evitar la dependencia de proveedores dominantes únicos, especialmente en países no afines», ha razonado la vicepresidenta comunitaria responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en una rueda de prensa en Bruselas para presentar el paquete de medidas, que incluye dos propuestas legislativas en materia de semiconductores y de computación en la nube.
La conservadora finlandesa ha avisado de que en la actualidad, la Unión Europea depende de proveedores no europeos –fundamentalmente estadounidenses– en el 80% de sus productos, servicios e infraestructuras digitales, lo que supone un «grave problema de seguridad» en lo que a la cadena de suministro supone para Europa, sino también por su impacto en la economía del bloque.
Así las cosas, Bruselas pone sobre la mesa una Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), por sus siglas en inglés, con la que triplicar la capacidad de los centros de datos en la Unión en un plazo de entre cinco y siete años, por ejemplo apoyando la I+D+i en tecnologías de vanguardia y sostenibles y simplificando las condiciones para el despliegue de datos.
La nueva norma, que debe ser aún negociada con los 27 y la Eurocámara para ser adoptada, introducirá además un «marco único europeo» para evaluar la soberanía de la nube y la IA, con el objetivo de que los Estados restrinjan el acceso de tecnológicas extranjeras a los datos de sectores más sensibles –como la sanidad o la seguridad–, pero «manteniendo el mercado abierto a socios afines».
Para ello, el Ejecutivo comunitario plantea un sistema de cuatro niveles para evaluar la soberanía y seguridad para las concesiones del sector público, que se construirá en base a criterios claros desde el más bajo para que la ubicación esté en Europa hasta el más alto que exigirá el control europeo sobre todo el sistema. «Queremos asegurarnos de que nuestros datos más críticos y sensibles se almacenen en Europa», ha justificado Virkkunen.
Otra de las claves de la propuesta será la Ley de Chips 2.0, que actualizará la primera normativa común de 2023 para semiconductores y que busca potenciar el peso de los europeos en la carrera por ocupar el espacio para el desarrollo de semiconductores para el campo de la IA, para lo que Bruselas aboga por ejemplo acelerar la concesión de permisos, profundizar la cooperación con socios de confianza e introducir una nueva etiqueta de excelencia para las regiones europeas de semiconductores.
