- El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la respuesta frente a la multirreincidencia en hurtos y estafas leves. La norma ha entrado en vigor el 10 de abril de 2026.
La reforma tiene como objetivo principal ofrecer una respuesta penal más eficaz a la reiteración delictiva, corrigiendo los problemas interpretativos surgidos tras la modificación de 2022 y garantizando la coherencia con el régimen general de la reincidencia.
En el ámbito penal, destaca que los hurtos leves inferiores a 400 euros dejarán de castigarse solo con multa cuando el autor acumule al menos tres condenas por delitos de la misma naturaleza —una de ellas leve—, pasando a sancionarse con pena de prisión de seis a dieciocho meses. El mismo esquema se aplica a la estafa leve, que en estos casos pasa a castigarse con prisión de seis meses a tres años.
Asimismo, se refuerzan los tipos agravados, incluyendo supuestos específicos como la sustracción de teléfonos móviles y dispositivos con datos personales, y se endurece la respuesta en casos de multirreincidencia en delitos menos graves o graves, con penas de uno a tres años de prisión. También se simplifica la protección penal de explotaciones agrícolas y ganaderas, bastando con que el valor de lo sustraído supere los 400 euros.
La ley introduce además nuevas previsiones, como la penalización agravada de la defraudación de fluido eléctrico vinculada al tráfico de drogas y del uso de combustibles líquidos en actividades ilícitas —el denominado petaqueo—, con penas de hasta cinco años de prisión.
En el plano procesal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal refuerza la protección de las víctimas desde las primeras fases del procedimiento, facilitando la adopción de medidas cautelares como las órdenes de alejamiento, y reconoce a las entidades locales legitimación para ejercer la acción penal en delitos de hurto.
Por último, la norma incorpora medidas organizativas en la planta judicial, estableciendo que en un plazo máximo de dos años los Tribunales Superiores de Justicia deberán contar con al menos un juez de adscripción territorial por cada cien mil habitantes.
Con esta reforma, el legislador pretende ofrecer una respuesta más proporcionada y efectiva frente a la delincuencia reiterada, especialmente en los delitos de menor cuantía pero alto impacto social.
