El objetivo de esta nueva normativa comunitaria es la de promocionar y facilitar los procesos de mediación como fórmula alternativa de solución de controversias
El Consejo de la Unión Europea ha hecho pública la Directiva 2008/52/EC, por la cual se regulan ciertos aspectos relacionados a la mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles. El objetivo de esta nueva normativa comunitaria es la de promocionar y facilitar los procesos de mediación como fórmula alternativa de solución de controversias surgidas entre los ciudadanos de distintos Estados miembros de la Unión Europea.
La directiva sería aplicable únicamente cuando las partes de una disputa jurídica se encuentren domiciliados en dos países distintos, siempre que ello sea compatible con la legislación de los países en que se aplica dicha norma o cuando un tribunal decrete la obligatoriedad de pasar por un proceso previo de mediación. Por otra parte, el documento en el que conste el acuerdo alcanzado como resultado del proceso de mediación deberá tener vigencia legal, salvo en caso de que contravenga el Derecho interno del país en que se zanjó la disputa. Para muchos expertos, el alto grado de vaguedad y deferencia con respecto a la legislación interna de los países miembros hace que esta norma tenga un alcance muy limitado, por lo que se esperan pocas innovaciones legislativas que conduzcan efectivamente a alcanzar un mayor grado de cooperación en la solución de aquellas disputas comerciales y civiles que trasciendan los senderos limítrofes que separan entre sí a las naciones europeas.
Esta nueva directiva es el resultado de un profundo proceso de reformas, orientado a afianzar la solución alternativa de conflictos a nivel regional. La Comisión Europea publicó, en 2002, un documento de debate sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos, el "Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos". En 2004, la Comisión decidió crear un Código de Conducta de los mediadores, que fue aprobado por una amplia mayoría de expertos.
A nivel comunitario, tanto juristas y empresarios, así como la propia tecnocracia europea, consideran necesaria la adopción de métodos de resolución de controversias transfronterizos, instrumentos que funcionen de forma complementara al sistema judicial, y que además garanticen acceso a una justicia ágil.