El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada el texto legal que permitirá poner en marcha la Oficina Judicial. En su intervención, Francisco Caamaño agradeció que la reforma se diseñase con tan elevado consenso en las cámaras legislativas, después de un proceso, que fue largo, en el que fueron escuchados tanto los implicados como los interesados. “España ya cuenta con el marco legal necesario para hacer real una Administración de Justicia homologable, en su vertiente de servicio público esencial, a otros servicios públicos avanzados”, valoró el Ministro.
Entre el generoso presupuesto para el Ministerio de Justicia, y el paso adelante legislativo que se dio la semana pasada, es posible que muchos de los males, retrasos, errores, esperas sin inicio ni fin,…,… estén dando sus últimas bocanadas.
Desde la entrada en vigor de las reformas procesales, la puesta en marcha del nuevo modelo de Oficina Judicial se va a desarrollar en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado; y en colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
Además de la Oficina Judicial, se crean las unidades administrativas, que, sin estar integradas en la Oficina, se constituyen en el ámbito de la Administración de Justicia para dirigir, ordenar y gestionar los recursos humanos; así como para gestionar los medios informáticos, las nuevas tecnologías y otros medios materiales.
El Ministro de Justicia, en su intervención en el Pleno de la Cámara Baja, hizo hincapié en que las medidas legislativas adoptadas persiguen "dotar de orden, racionalidad y simplicidad a nuestro sistema de Justicia, para conseguir con ello que el Poder Judicial, independiente e imparcial, además de llevar a cabo su cometido constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, cumpla, como Administración, con las exigencias propias de un servicio público esencial, del que depende la garantía de nuestros derechos y libertades".
En la Audiencia Nacional se implantará el Servicio Común general, orientado a la tramitación electrónica de expedientes judiciales; para posteriormente abordar la implantación del resto de servicios comunes. Este nuevo modelo, adaptado a las particularidades de este órgano judicial, también incluirá un nuevo diseño de Oficina Fiscal.
Respecto a las Comunidades Autónomas en las que las competencias de Justicia corresponde al Ministerio, se han seleccionado las ciudades de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Palma de Mallorca y Murcia para iniciar el despliegue de la nueva oficina. La primera fase contempla un despliegue integral y, por tanto, incluye tanto el Servicio Común de Ejecución como el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. A estas primeras ciudades seguirá un proceso progresivo por el resto de territorios.
