No hace falta ser un delincuente, o estar inmerso en un proceso judicial, para que las comunicaciones le sean interceptadas a un ciudadano. El proyecto SITEL, -Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones- es un programa informático integrado de interceptación legal de telecomunicaciones, de ámbito nacional y utilización conjunta por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, con dos centros de monitorización y sus redes asociadas y terminales remotos. Está en marcha desde hace años, “navegando” en un marco normativo que no se adapta a su naturaleza.
Un programa utilizado por el Ejecutivo, fabricado por Ericsson, y de una capacidad y velocidad extrema, puede rastrear, grabar, localizar geográficamente y cruzar datos de cualquier conversación telefónica que se esté manteniendo en España.
En su día, recibió unos informes muy severos por parte del Ministerio de Defensa y de Justicia, ya que toca directamente a la intimidad y a la seguridad nacional.
No hay que olvidar, a este respecto, el riesgo que entraña el robo del inmenso banco de datos que genera este tipo de interceptaciones, robos que se producen con más frecuencia de la que parece.
A pesar de los informes, y de lo delicado de la materia y los bienes jurídicos en juego, recibió marco normativo desde el Ministerio de Industria, y en norma infralegal, en el capítulo segundo del título V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, del 15 de abril de 2005 (RD 424/2005).
Sin embargo, el art. 55.3 de la Constitución Española dice que ha de tratarse de una Ley Orgánica, la que determine "la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial" determinados derechos fundamentales como el derecho al secreto de las comunicaciones.
La Asociación de Internautas sigue la pista a este asunto desde 2005. En estos días, lo está retomando dado que se constata que ni siquiera los jueces conocen con exactitud las dinámicas con que se hacen estas interceptaciones y grabaciones.
