El colectivo de trabajadores profesionales representa en España cerca de un tercio de la población activa y en torno al cuarenta por ciento en el conjunto de la Unión Europea.
Cándido Méndez, Secretario General de UGT, y Carlos Carnicer, Presidente de la Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía, han llevado a cabo la firma de un convenio de colaboración por el que, entre otros ámbitos, se comprometen a impulsar la formación continua y promover el empleo de calidad entre los profesionales, así como erradicar las formas de contratación que amparan situaciones irregulares.
UGT y la Unión Profesional han acordado establecer una relación de carácter permanente, a través de la creación de un comité mixto y paritario, que va a hacer posible el intercambio de información y el establecimiento de objetivos comunes.
Prevén actual tanto en el plano nacional como en el internacional. Dentro del nacional, entre otros ámbitos, se centrarán en, dentro de sus competencias, perfeccionar el Estado de Bienestar, a través de la atención a la dependencia y la creación de igualdad de oportunidades. En el plano internacional, buscan introducirse en los temas que están en el Diálogo Social Europeo, a través del Eurocadres (Consejo Europeo de Profesionales y Directivos), del que forma parte UTC-UGT, y el CEPLIS (Consejo Europeo de las Profesiones Liberales), del que forma parte la Unión Profesional.
El convenio reconoce un campo de interés común de los sindicatos, como defensores de los derechos socio-laborales de los trabajadores, y de los colegios profesionales, como garantes de la buena práctica profesional, la independencia y responsabilidad de los actos profesionales, en las relaciones laborales por cuenta ajena.
El acuerdo establece un compromiso para que los colegios profesionales desarrollen programas de formación continua de los profesionales con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y la carrera profesional y adecuar los conocimientos profesionales al estado del conocimiento disponible en cada momento para realizar una prestación profesional de calidad.
El convenio establece también el objetivo de erradicar los contratos que, bajo la apariencia de arrendamiento de servicios profesionales, perjudican a los trabajadores y amparan situaciones irregulares.
