En la sesión de control al Ejecutivo, el presidente del Gobierno ha adelantado que «en breve» estará lista la actualización del Plan de lucha contra el fraude. Se centrará en dos grandes líneas de actuación: el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y el control de las áreas de riesgo.
En su respuesta a la pregunta del diputado Joan Ridao sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno para combatir la lucha contra el fraude fiscal, el Presidente, además de anunciar la actualización del Plan de lucha contra el fraude, recordó que desde el año 2004 a 2007 se han duplicado las actuaciones de la inspección de Hacienda.
Aseguró que el Gobierno "ha hecho suyo" el objetivo de combatir el fraude fiscal y la economía sumergida con la aprobación en 2005 del Plan de lucha contra el fraude fiscal y en 2006 con la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Como consecuencia de ello -aseguró el Presidente- en los tres años transcurridos desde la puesta en marcha del Plan, la recaudación por actuaciones voluntarias y de control ha ascendido a 20.000 millones de euros.
Esta lucha contra el fraude es también una petición que hizo a finales del verano el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), donde valoraban que el superávit del Estado del año pasado podría haberse salvado con un plan eficaz de prevención de la economía sumergida, que supondría unos ingresos para el Estado de cerca de de 25.000 millones adicionales al año.
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
Por su parte, la Comisión Europea está haciendo esfuerzos para hacer cada vez más operativa la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, cuya misión es proteger los intereses financieros de la Unión Europea, combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad irregular, incluidas las irregularidades dentro de las instituciones europeas a través de investigaciones internas y externas en periódica cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, con objeto de coordinar sus actividades. La Oficina aporta a los Estados miembros la asistencia y los conocimientos técnicos necesarios para apoyarlos en sus actividades antifraude, contribuye al diseño de la estrategia antifraude de la Unión Europea y toma las iniciativas necesarias para reforzar la legislación en la materia.
