En la gestión del día a día de un despacho de abogados nos encontramos con pequeñas decisiones que pueden tener un impacto en la gestión del cliente mayor de lo que creemos, lo que las convierte en grandes decisiones.
Me comenta un amigo abogado su enfado con un asunto que está llevando. Un antiguo cliente le pide que interponga un recurso contencioso administrativo contra una resolución de tráfico por la que se impone una sanción de, creo recordar, 500 euros. Mi amigo no le puede decir que no ("¿y si no me vuelve a encargar nada más?"). El cliente ha redactado con modelos obtenidos en internet las alegaciones y el recurso previo al contencioso, y recurre a su abogado porque quiere seguir defendiendo su falta de responsabilidad, pero tal y como me comenta, "no le puedo cobrar más de 200 euros, la sanción es de 500 y hago yo la representación procesal porque si además le digo que tiene que pagar un procurador…".
Atendiendo a los criterios orientadores en materia de honorarios del Colegio de Abogados, este abogado puede dedicar al recurso contencioso-administrativo cincuenta minutos aproximadamente. Ni que decir tiene que ese será el tiempo que invertirá exclusivamente en esperar pacientemente su turno en la puerta del juzgado.
¿Tiene sentido un mercado en el que se crean situaciones "yo pierdo – tú pierdes"? Por un lado el cliente va a ver el coste del letrado como un gasto que no le proporciona ningún valor añadido, al que la ley le obliga si quiere recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Por otro lado, el abogado teme perder un cliente, aunque si sigue prolongándose el procedimiento, al abogado le va a costar más que el importe de la sanción.
A estas alturas muchos lectores pensarán que el cliente tenía que haber corrido menos y evitado la multa, pero vamos a creer en su falta de responsabilidad. Aunque la ley ha previsto la posibilidad de prescindir del procurador (que no de la representación procesal, que mucho me temo que mi amigo realizará de manera "desinteresada") la obligatoriedad del abogado lleva a este tipo de situaciones.
Un mínimo análisis de costes dice que lo más rentable es pagar la multa, conservar la amistad del abogado y garantizar la supervivencia económica de éste, pero no me parece razonable.
En la gestión del día a día de un despacho de abogados nos encontramos con situaciones similares a ésta, en la que deberemos aplicar criterios de gestión del cliente globales. Los asuntos que sabemos de antemano que no son rentables son un tema muy delicado, pero muchas ser honesto y explicarlo claramente al cliente es la mejor solución.
¿Qué harías si te pidieran tramitar el procedimiento por ese precio?
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