A finales del mes pasado se aprobó la versión final de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Junto con la Ley de Mercados Digitales (DMA), la DSA forma parte del nuevo paquete normativo previsto por la UE para la economía digital. El objetivo de la DSA es actualizar la Directiva sobre el Comercio Electrónico, una regulación que lleva aplicándose desde el año 2000 y que resulta ya obsoleta e incapaz de hacer frente a la transformación digital, y al gran cambio experimentado por las tecnologías, los modelos de negocio y los productos y servicios. En este contexto, las novedades más significativas de la DSA son las siguientes:
1. VLOP: plataformas en línea y motores de búsqueda de muy gran tamaño
La DSA establece una categoría de sujeto afectado diferente basada en el impacto sobre los usuarios que las plataformas online y los motores de búsqueda en línea de gran tamaño, en concreto aquellas que tengan un promedio mensual de destinatarios del servicio activos en la UE igual o superior a cuarenta y cinco millones.
Las VLOP, debido a los riesgos particulares que plantean con respecto a la difusión de contenido ilegal y dañino, tendrán que cumplir con obligaciones adicionales de gestión de riesgos y auditoría externa, ofreciendo una mayor transparencia en sus sistemas de recomendación para acceder a la información, así como compartir datos con autoridades e investigadores.
2. Mecanismos de notificación y acción contra el contenido ilícito en línea
La DSA establece reglas para toda la Unión Europea que cubren la detección y eliminación de contenido ilícito. Para ello, además de los mecanismos de notificación y acción, los proveedores de servicios deben contar con sistemas internos efectivos de gestión de reclamaciones que permitan a los usuarios presentar quejas contra la decisión del proveedor del servicio, debiendo las plataformas cooperar con alertadores fiables -entidades independientes reconocidas dedicadas a detectar, identificar y notificar contenido ilícito-, lo que habilita una suerte de «vía rápida» para estas reclamaciones tratando de combatir el contenido ilícito.
Para los VLOP será obligatorio llevar a cabo una evaluación de riesgos sistémicos que analice cómo se propaga el contenido ilícito en su plataforma y así evitar en la medida de lo posible el abuso de sus sistemas, llevando a cabo acciones como la supervisión de sus medidas de prevención y gestión de riesgos mediante la realización de auditorías independientes.
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