La labor filantrópica que desempeña el tercer sector resulta clave para la corrección de las desigualdades y la protección de derechos e intereses generales en las sociedades contemporáneas. Más allá de su labor asistencial, las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil actúan como complemento institucional necesario que garantiza el equilibrio entre el sistema político, institucional y económico, contribuyendo a preservar los valores que sostienen la convivencia democrática.
Como se ha indicado y sostenido en foros especializados, en sociedades donde la democracia se encuentra formalmente consolidada, las fundaciones deben asumir un protagonismo activo en la configuración y defensa de las estructuras sociales vinculadas a los fines de interés general. En el momento actual, dicha afirmación resulta pertinente, pues nos recuerda que una democracia no se reduce a marcos legales formales o a la celebración de elecciones periódicas, sino también a la configuración y defensa de las estructuras sociales, a la vigilancia de la calidad institucional y al funcionamiento efectivo de sus contrapesos. Nos recuerda que, en una democracia sana y formalmente consolidada, el papel de las fundaciones no se limita a una acción meramente asistencial o reputacional. Su función debe extenderse a la defensa activa de las estructuras sociales e instituciones vinculadas al interés general.
Este papel resulta aún más necesario en el contexto actual, caracterizado por una creciente complejidad normativa y por la necesidad de reforzar enfoques de largo plazo en la acción pública y privada. En este escenario, no basta con confiar en que se corrijan las desigualdades y disfunciones únicamente a través de normas escritas o declaraciones formales de principios. Resulta imprescindible acompañarlas de una aplicación efectiva y de una visión de largo plazo.
Un ejemplo ilustrativo se observa en la progresiva incorporación de los criterios ESG, de compliance y de buen gobierno en el ámbito privado. En los últimos años se ha reforzado la exigencia a las empresas para que adopten estándares éticos, sostenibles y transparentes, con estructuras de gobernanza sólidas y responsables. La extensión de estos estándares al ámbito público presenta aún retos relevantes, pese a que su consolidación resulta esencial para fortalecer la sostenibilidad democrática y confianza institucional.
En este sentido, debemos recordar la propia noción de res publica, entendida como la cosa de todos, que recuerda que el poder público no está llamado a satisfacer intereses particulares, sino a servir al interés general y a rendir cuentas a la ciudadanía. Es cierto que, para fortalecer esta premisa y complementar la acción del Estado, resulta indispensable la labor de las entidades del tercer sector, que pueden contribuir a recordar, analizar y promover el cumplimiento a través de un modelo ético, sostenible y con criterios de buen gobierno.
La iconografía clásica de la diosa de la justicia, Temis, resulta especialmente ilustrativa en este punto. Tradicionalmente representada con los ojos vendados, una balanza y una espada, simboliza la imparcialidad, el equilibrio y la fuerza de la ley. Su figura nos recuerda que la justicia no responde a impulsos inmediatos, sino que es una tarea que debe sostenerse con constancia a lo largo del tiempo.
De este modo, aquello que hoy se siembra como exigencia ética, con el tiempo acaba dando frutos a un sustrato sobre el que se constituye una sociedad más justa y sostenible. No obstante, se cultiva a través del compromiso sostenido en el tiempo con el cumplimiento efectivo de la legalidad.
En conclusión, las fundaciones contribuyen a reforzar la coherencia entre la convergencia regulatoria exigida en el ámbito privado y público, favoreciendo estándares de buen gobierno y cumplimiento normativo. Su aportación resulta relevante para continuar avanzando hacia un modelo institucional más sólido, sostenible y alineado con el interés general.
