- La Unión Europea aborda el uso disfuncional y la adicción digital, urgiendo a las plataformas a mejorar la seguridad, la verificación de edad y el control parental
A escasos días de concluir el año 2025, la Unión Europea sigue afrontando importantes desafíos y lagunas en materia de protección del menor en el entorno digital. La preocupación por los graves riesgos que el uso disfuncional o desmedido de las tecnologías genera sobre la salud física y mental de los menores continúa en aumento, reflejada en cifras cada vez más alarmantes.
El pasado 4 de noviembre, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) publicó un informe sobre la protección de los menores en línea. De entre los datos recogidos, destaca que el 97 % de los jóvenes utiliza internet a diario; el 78 % de los menores entre los trece y diecisiete años reconoce revisar sus dispositivos como mínimo una vez cada hora y el 46 % lo hace prácticamente de manera constante. En este punto, cabe preguntarse si estas conductas responden a un uso consciente o si, por el contrario, revelan patrones de dependencia. El propio informe continúa indicando que uno de cada cuatro menores manifiesta un uso disfuncional de los dispositivos móviles, un medio al alcance de la gran mayoría de los jóvenes en cualquier momento del día y que les permite acceder fácilmente a todo tipo de contenido en línea. A la vista de estos datos, la respuesta es evidente: se está produciendo un uso excesivo que denota patrones de comportamiento típicos de una adicción, lo cual, unido a otros factores –como el ciberacoso, el uso de publicidad e interfaces engañosas o la interacción con contenidos de carácter violento o sexual–, potencia al extremo los efectos nocivos sobre la salud física y mental de los menores.
Dado que se trata de un colectivo cuyas capacidades cognitivas se encuentran en pleno desarrollo y, por tanto, particularmente vulnerable frente a los riesgos digitales, resulta imprescindible adoptar medidas eficaces y proporcionadas que garanticen un alto nivel de privacidad, seguridad y protección.
Refuerzo normativo
Esta es la dirección que ha tomado el Parlamento Europeo al aprobar el citado informe por amplia mayoría. La Resolución de 26 de noviembre de 2025 sobre la protección de los menores en línea busca reforzar la aplicación del Reglamento (UE) 2022/2065 –Reglamento de Servicios Digitales (RSD)– y de otros instrumentos normativos conexos. En particular, insta a la Comisión Europea a mejorar sus directrices para que, entre otras medidas: se instaure un mecanismo de alerta rápida capaz de detectar nuevas tendencias y retos peligrosos en el entorno digital; se verifique que las plataformas cumplen con la normativa europea y, en caso contrario, sean sancionadas o incluso se prohíban cuando el incumplimiento sea persistente; se refuerce la evaluación de los riesgos en línea, contando para ello con la intervención de los propios menores, sus tutores y otros expertos en la materia; se dote a las autoridades nacionales de recursos suficientes dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) para ejecutar las medidas previstas; y se armonicen los criterios de aplicación entre los Estados miembros, a fin de garantizar un mismo nivel de protección a todos los menores dentro de la Unión.
Otro de los aspectos en los que ha incidido la Eurocámara es el relativo a los mecanismos de verificación de la edad, que exige sean seguros, fiables y eficaces. Las restricciones de acceso respaldadas por estos métodos deben ser necesarias y proporcionadas, a fin de no coartar los derechos fundamentales de los menores. Por consiguiente, han de aplicarse únicamente en plataformas o servicios digitales que comercialicen productos o contenidos sujetos a restricciones de edad conforme a la normativa nacional o de la Unión, así como en redes sociales, plataformas de intercambio de vídeos y asistentes de inteligencia artificial –chatbots–. Dado el riesgo que estos entornos pueden representar, se propone limitar la edad de acceso a los dieciséis años de manera armonizada para todo el territorio de la Unión. Por debajo de este umbral sólo se podría acceder a partir de los trece años, previo consentimiento parental o del representante legal pertinente.
Los distintos proveedores y plataformas digitales están obligados a garantizar que sus productos sean seguros y estén adaptados a las necesidades específicas de los menores. En consecuencia, los mecanismos de verificación de la edad no constituyen una solución definitiva si no se acompañan de herramientas de control parental eficaces, puestas a disposición por las propias plataformas; restricción de prácticas de diseño adictivo –como el desplazamiento infinito por la pantalla, la reproducción automática, las penalizaciones por inactividad o los métodos de ludificación nociva–; supresión de interfaces engañosas y de transacciones económicas vinculadas a cajas de botín en la esfera de los videojuegos; sanción de la publicidad personalizada para menores y otras conductas persuasivas prohibidas por la normativa europea; o aprobación de nuevos paquetes legislativos que refuercen la protección del menor frente a la mercadotecnia de influencers.
Enfoque educativo
Sin embargo, la eficacia de estas medidas y mecanismos de protección es limitada si no se sustentan en un enfoque educativo. No basta con imponer obligaciones o sanciones a las plataformas tecnológicas, sino que resulta igualmente imprescindible concienciar y formar a los menores en el uso responsable de la tecnología. En este sentido, deben impulsarse políticas educativas integrales y campañas de sensibilización que informen no solo a los menores, sino también a padres, tutores y educadores acerca de los peligros y de las prácticas seguras en línea.
La solución no reside en prohibir el acceso de los menores al mundo digital, en detrimento de su libertad de expresión, información o aprendizaje, sino en garantizar su acceso dotándoles de las competencias necesarias para desenvolverse de manera segura, crítica y responsable. En el extremo opuesto se sitúa el ejemplo de Australia, país en el que, a partir del 10 de diciembre, entrará en vigor una ley pionera que prohíbe por completo el acceso a las redes sociales a los menores de dieciséis años. Las críticas no se han hecho esperar y muchos jóvenes ya eluden estas restricciones mediante la creación de cuentas falsas o el uso de redes privadas virtuales (VPN).
En definitiva, cabe plantearse la siguiente reflexión: ¿Es más eficaz prohibir y sancionar, o educar y concienciar?
