- Joaquín González-Herrero presentó ayer su nueva obra, publicada por Aranzadi LA LEY, en un acto que reunió a Manuel Marchena, Consuelo Madrigal y Antonio Fernández de Buján
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España acogió ayer la presentación de La independencia del Ministerio Fiscal español. Hacia un Ministerio Público plenamente integrado en el poder judicial, obra de Joaquín González-Herrero González, fiscal de la Audiencia Nacional y exconsejero de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El libro ha sido publicado por Aranzadi LA LEY.
El acto se articuló en torno a una mesa redonda en la que participaron el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena Gómez y la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, con la moderación de Antonio Fernández de Buján, jurista y vicepresidente de la Real Academia.
Independencia, jerarquía y control institucional
La presentación suscitó un amplio debate sobre la posición constitucional del Ministerio Fiscal, su relación con el poder ejecutivo y la conveniencia de avanzar hacia un modelo que garantice una mayor independencia en el ejercicio de sus funciones.
Durante su intervención, Manuel Marchena subrayó que las reformas legales, por sí solas, no aseguran la independencia del Ministerio Fiscal. En este sentido, señaló que la proximidad de la institución a los valores constitucionales ha dependido históricamente, en buena medida, del “talante personal” de quien ocupa la Fiscalía General del Estado, más que de un marco normativo que apenas ha experimentado modificaciones sustanciales.
El magistrado del Tribunal Supremo apuntó asimismo que la percepción de politización de la Justicia no se corresponde con el trabajo cotidiano que se desarrolla en los juzgados, generalmente técnico y profesional, sino con una serie de casos de especial repercusión mediática y política que condicionan la opinión pública. Marchena expresó también su escepticismo ante la posibilidad de que el poder político renuncie al control de los órganos de fiscalización y calificó dicho poder de “metastásico”.
Por su parte, Consuelo Madrigal defendió que el “talante” personal no resulta suficiente para garantizar la independencia y la imparcialidad de la Fiscalía. A su juicio, la estructura actual ha desvirtuado los principios de legalidad e imparcialidad en favor de una jerarquía rígida que puede desincentivar la discrepancia interna.
La exfiscal general del Estado denunció igualmente una excesiva vinculación de la Fiscalía con el Gobierno y alertó frente a lo que definió como una “colonización institucional”. En su intervención, destacó la relevancia del Derecho de la Unión Europea y de la creación de la Fiscalía Europea como referencia para reforzar la autonomía del Ministerio Público.
En relación con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la eventual atribución de la investigación penal a los fiscales, Madrigal sostuvo que, para que el fiscal pueda dirigir la investigación en España, es imprescindible que sea reconocido como una autoridad judicial independiente, conforme a los estándares europeos y con plena autonomía frente al poder ejecutivo.
Una propuesta de reforma estatutaria y constitucional
En La independencia del Ministerio Fiscal español, Joaquín González-Herrero analiza la intervención legítima del sistema penal frente a la corrupción política y examina la relación entre el poder político y el poder judicial en el actual Estado de partidos.
La obra presta especial atención al papel del juez como instancia de control frente a la corrupción de los gobernantes y a los riesgos de deslegitimación de la Justicia mediante estrategias como el denominado lawfare. Sobre esta base, estudia la configuración europea del Ministerio Público como autoridad judicial y la contrasta con el modelo constitucional y estatutario español, marcado por su vinculación con el poder ejecutivo.
El autor parte de un diagnóstico de mutación constitucional y de sospecha de parcialidad para plantear una reforma profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en último término, de la Constitución. Su propuesta pasa por integrar al Ministerio Fiscal en el poder judicial, reforzar su independencia y atribuirle la investigación de la criminalidad.
La independencia, entendida como valor ético y virtud personal vinculada a la libertad moral y a la búsqueda de la verdad, ocupa así un lugar central en la reflexión de González-Herrero y en el debate sobre el futuro de la institución.
