Dentro de los planes de integración comunitaria en que trabaja sin descanso la Unión Europea, la cultura “común” ocupa un lugar de especial relevancia, visto que es un ámbito que por su propia naturaleza contempla de por sí una amplitud de miras que suele ir a favor de centralizar en Bruselas políticas y regulaciones en relación con la cultura europea. Esto significa que supone un buen primer escalón de una integración escalada, y además una buena oferta pública de beneficios, quizás de mayor envergadura que una adoptada por Gobiernos centrales. Sin embargo, toda medida centralizadora del ámbito cultural debería implicar a su vez, algo generalista y abierto para garantizar el principio básico de diversidad comunitaria, y una libertad cultural fundamental en los estados democráticos.
En el contexto de crisis, que se ha proyectado, especialmente, sobre el ámbito cultural, la adopción de planes, políticas y regulaciones desde Bruselas, podría ayudar a levantar los mercados culturales europeos. La cuestión, sin embargo, no se plantea tarea de fácil implantación por la especial sensibilidad de este ámbito, siendo necesario un particular cuidado en las políticas y regulaciones adoptadas, dado que en Cultura todo tiene una trascendencia casi exponencial sobre la sociedad civil. En efecto el ámbito cultural es desde siempre el único sector de la economía de cualquier país, que no implica un mercado natural a priori, sino la mera posibilidad de crear un mercado dentro del mismo. Esto es, este ámbito en origen supera con creces la dimensión de mercado. Y por ello, las medidas que afectan al mismo, tendrán su eco en la sociedad y todas sus dimensiones (y mercados), para bien o para mal.
Tras varias medidas nacionales duras, de carácter fiscal especialmente, y sometido nuestro mercado audiovisual a unos planes de reestructuración de las medidas para su financiación, entre otras modificaciones, que se enmarcan en la próxima reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la Comisión Europea ha aprobado el día 3 de este mes de Enero una decisión que toma causa en los objetivos de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, de servicios de comunicación audiovisual. Entre estos se encuentran la creación de un espacio sin fronteras interiores para los servicios de comunicación audiovisual al mismo tiempo que se vela por un alto nivel de protección de los objetivos de interés general. En particular, la protección de los menores y de la dignidad humana así como la promoción de los derechos de las personas con discapacidades, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión Europea. Y para la consecución de los mencionados objetivos, la Comisión entiende crucial facilitar una cooperación más directa y regular entre los entes reguladores independientes y competentes de cada Estado Miembro, con la propia Comisión, haciendo las veces de organismo consultivo de la Comisión en su implementación de medidas y decisiones en el ámbito audiovisual.
Este nuevo "Grupo" estará compuesto por los órganos reguladores nacionales e independientes, en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual, representados por sus altos representantes con responsabilidad primordial en la supervisión y monitorización de medidas de comunicación audiovisual.
De esta manera, al igual que el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente (a esperas de la ratificación del Consejo) la última directiva de gestión colectiva y licencias europeas de música online, la Comisión convoca a través de esta Decisión a los agentes europeos nacionales en materia de comunicación audiovisual, a efectos de asistir a las instituciones comunitarias en la adopción de las próximas políticas en materia de comunicación audiovisual, medidas y regulaciones que esperemos ayuden a potenciar el valioso mercado cultural europeo.
