Después de tres años de negociación se ha aprobado la PAC 2023-2027, con la votación favorable y firma en fechas 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2021 por el Parlamento y el Consejo, respectivamente, de los tres Reglamentos que integran el paquete de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) publicados en el DOUE, constituyendo los actos de base de esta política.
Normativa básica.- Los Reglamentos del Parlamento y del Consejo, de 2 de diciembre, números UE 2021/2115, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos; UE 2021/2116, sobre financiación, gestión y seguimiento de la PAC; y UE 2021/2117, sobre la organización común de mercados de los productos agrarios, regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, definición, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas y otros.
Iter negociador.- El proceso de reforma se inicio en 2018 cuando la Comisión publicó su propuesta inicial. En octubre de 2020 el Consejo y el Parlamento adoptaron sus posiciones de negociación, culminando en el acuerdo político de 25 junio de 2021, fecha en la que se alcanzó un acuerdo definitivo entre el Parlamento y el Consejo sobre una PAC para 2023-2027 con una distribución más justa de las ayudas, en particular para los jóvenes agricultores y las pequeñas y medianas explotaciones familiares, con mayor ambición y compromiso respecto de los factores ecológicos, climáticos y medioambientales, ampliando la flexibilidad de los Estados miembros a la hora de adaptar las medidas a las condiciones locales y, finalmente, sentando las bases de un futuro más justo y sostenible para los agricultores y ganaderos europeos como objetivos esenciales.
Período transitorio 2021-2022.- Durante 2021 y 2022 seguirá aplicándose el acuerdo transitorio de 2020, según las modificaciones introducidas por el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias en dichos años, así como el Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de las normas dictadas para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.
Durante el período transitorio 2021-2022, y conforme al Reglamento transitorio de la PAC precitado, su objetivo es el de garantizar la continuidad de la ayuda jurídica y financiera de la PAC a los agricultores y ganaderos, antes de que entre en vigor la nueva normativa reformada de la PAC. Así pues, se prorrogan la mayoría de las antiguas disposiciones garantizándose que no se interrumpan los pagos, y se ejecutan y ponen en marcha todos los actos preparatorios del marco de la nueva fase de la PAC 2023-2027 con tiempo para que los Estados miembros preparen sus planes estratégicos.
Actos de derecho derivado hasta la nueva PAC de 2023-2027.- Hasta finales de 2021 la Comisión desarrollará las normas más urgentes de derecho derivado de los Reglamentos aprobados en los que se detalla la aplicación de la nueva PAC, desarrollando el resto de la normativa pendiente durante el primer semestre de 2022.
Por otra parte, y también hasta el 31 de diciembre de 2021, los Estados miembros tendrán que presentar sus proyectos de planes estratégicos nacionales de la PAC a la aprobación de la Comisión Europea. La Comisión evaluará los planes presentados y presentará sus observaciones a los Estados miembros, disponiendo de un plazo de seis meses para aprobar los planes, revisados y, en su caso, modificados por los Estados miembros para su aplicación definitiva, después de finalizar el período transitorio.
Novedades de la nueva PAC 2023-2027.-
Mayor flexibilidad y planificación estratégica. Cada Estado miembro debe elaborar su propio plan estratégico para alcanzar los objetivos de la UE mediante el análisis de sus necesidades y herramientas, la definición de acciones y metas y el diseño de las intervenciones de las que se podrán beneficiar los agricultores. Con el nuevo instrumento de los ecoesquemas se pretende incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente.
Se destinará un 25 % del primer pilar (pagos directos) a los ecoesquemas, con un período de aprendizaje de dos años para dar flexibilidad a los productores y evitar el riesgo de perder fondos. Al menos el 35 % de las ayudas del 2º pilar (desarrollo rural) se destinarán a cuestiones ambientales.
Mejor orientación de la ayuda financiera. La ayuda a la renta se distribuirá de manera más justa, pudiendo reducirse y limitarse los pagos por agricultor para redistribuir de forma más global la ayuda desde las explotaciones más grandes a las más pequeñas, dando prioridad a las pequeñas explotaciones y a los jóvenes agricultores. Se fija un nuevo nivel mínimo obligatorio de apoyo a los jóvenes agricultores, que será del 3 % de los presupuestos de los países miembros para el apoyo a la renta de la PAC. Los Estados miembros repartirán al menos el 10 % de las ayudas a las explotaciones agrícolas más pequeñas y los países tendrán que explicar en sus planes estratégicos como planean hacerlo.
Mayor atención a los resultados y a las prácticas agrícolas ecológicas. Se planificarán sus intervenciones en función de resultados claros y medibles, abonándose pagos específicos a los agricultores que adopten prácticas respetuosas con la naturaleza, el clima y el medio ambiente en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, singularmente por medio de prácticas de agricultura ecológica, rotación de cultivos y conservación de suelos ricos en carbono. Esta política es también la más ambiciosa hasta la fecha desde el punto de vista medioambiental, ya que una cuarta parte de los pagos directos están reservados a las prácticas agrícolas ecológicas. En cada explotación al menos el 3 % de la tierra cultivable se dedicará a la biodiversidad.
Condicionalidad de los derechos sociales y laborales. Es la primera PAC que incluye esta dimensión social destinada a garantizar unas condiciones de empleo y vida adecuadas para los trabajadores agrícolas, en cooperación con las autoridades locales y las partes interesadas. Los Estados miembros se comprometerán a que se respeten con más cuidado y vigilancia las condiciones sociales y laborales de los trabajadores agrícolas, imponiendo sanciones a los empleadores que incumplan estas normas. Será voluntario desde 2023 y obligatorio desde 2025.
