Acuñado por los profesores norteamericanos Canan y Pring de la Universidad de Denver en la década de 1980, el término SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) identifica una forma especialmente perniciosa de acoso e intimidación dirigida contra las personas implicadas en la protección del interés público.
Se trata de las comúnmente denominadas “demandas estratégicas contra la participación pública”, es decir de aquellas acciones judiciales sin fundamento o exageradas, interpuestas por personas poderosas, grupos de presión, empresas y órganos estatales con la intención de intimidar, silenciar y disuadir las voces críticas que denuncian abiertamente cuestiones de interés público, agotando sus recursos.
Estas tácticas vejatorias– tanto civiles como penales –implican un desequilibrio de poder entre las partes y se basan en estrategias de desgaste e intimidación que pueden durar años y, asimismo, tener un carácter transfronterizo. Muy a menudo los demandados pueden verse enfrentados a múltiples procedimientos judiciales al mismo tiempo y en diferentes jurisdicciones. Así, las SLAPP se concretizan en abusos de derecho que implican altos costes procesales, económicos y personales para quienes las sufren. Esto produce un efecto inhibidor y amedrentador que puede conducir hasta la autocensura ya que, por temor a sufrir represalias, otras voces críticas pueden decidir inhibirse y no hacer valer su derecho a investigar e informar sobre cuestiones de interés público.
Debido a su función de vigilancia pública, los periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, activistas e intelectuales son los que están especialmente expuestos al riesgo de ser víctima de demandas estratégicas. De esta manera, las SLAPP representan una amenaza para el debate público pluralista, impiden la rendición de cuentas, socavando los derechos fundamentales y el Estado de Derecho de nuestras sociedades.
En los últimos años este fenómeno procedente del ámbito anglosajón se ha venido progresivamente afianzando en toda Europa. Sin duda, el caso más emblemático y trágico es el de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, conocida por sus investigaciones sobre relevantes casos de corrupción, a través de los cuales desenterró la parte maltesa de los Panama Papers, y por haber sido asesinada por un coche bomba, después de haber recibido numerosas amenazas y demandas por difamación. Al momento de su muerte, contaba con cuarenta y siete (y más) casos de difamación abiertos contra ella. Desafortunadamente, no es el único caso.
Como bien destacan los Informes sobre el Estado de Derecho de 2020 y 2021 realizados por la Comisión Europea, a pesar de ser relativamente recientes, estas formas de abusos judiciales representan un creciente motivo de preocupación en todos los Estados miembros, incluso en aquellos con una sólida tradición democrática.
Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, Canadá y Australia, donde se han ido adoptando estatutos anti-SLAPP, en la actualidad ninguno de los Estados miembros en Europa cuenta con una legislación que regule el fenómeno y solo unos pocos están estudiando su introducción.
En su Resolución de 25 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo condenó el uso de las demandas estratégicas contra la participación pública para silenciar o intimidar a periodistas y medios de investigación y crear un clima de miedo en relación con la información sobre determinados temas, e hizo un llamamiento a la Comisión para que presentase una propuesta destinada a evitarlas. En consecuencia, el pasado 27 de abril, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva en la que propone una caja de herramientas mínimas para contrastar los procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos interpuestos contra personas físicas y jurídicas por haber llevado a cabo actos de participación pública, siempre y cuando estén relacionados con asuntos civiles y tengan implicaciones transfronterizas.
Como parte del conjunto de propuestas dirigidas a contrastar de manera holística el fenómeno, la Comisión Europea adoptó también la Recomendación (UE) 2022/758, que insta los Estados miembros a incluir en su Derecho interno garantías para los asuntos nacionales similares a las incluidas en la propuesta de Directiva con respecto a las demandas estratégicas contra la participación pública en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas.
Entre otras cosas, la Recomendación hace explícitamente hincapié en la necesidad de capacitara los profesionales del derecho ya que son agentes clave en las demandas estratégicas contra la participación pública. En particular, insta a los Estados miembros a brindar apoyo y oportunidades de formación al personal que trabaja en órganos jurisdiccionales de todas las instancias, incluidos jueces, fiscales y empleados de los órganos jurisdiccionales y las fiscalías, así como a cualquier otro profesional de la Justicia asociado al poder judicial, además de abogados cualificados. Los Estados miembros deben informar a la Comisión sobre la aplicación de la Recomendación a más tardar a finales de 2023.
Para cubrir el vacío que existe en esta materia, el proyecto PATFox (Pioneering AntiSLAPP Training for Freedom of Expression), cofinanciado por la Comisión Europea y liderado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) diseñará, desarrollará e implementará el primer plan de estudios anti-SLAPP que se utilizará para capacitar a abogados y jóvenes profesionales del derecho en aquellos países europeos que, debido a la elasticidad de sus leyes, es más probable que experimenten demandas SLAPP. Entonces, en los próximos dos años FIBGAR, junto a organizaciones de la sociedad civil de otros diez Estados miembros de la UE, como Alemania, Malta, Chipre, Eslovaquia, Polonia, Eslovenia, Croacia, Rumanía, Bulgaria y Hungría, trabajará para capacitar a los profesionales del derecho sobre los desafíos, jurídicos y no jurídicos, que representan estas formas coordinadas de abuso del derecho.
No debemos olvidarnos que los profesionales del derecho desempeñan un papel trascendental en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que su empoderamiento legal debe ser una parte crucial de la transformación que se necesita para hacer frente a las SLAPP.
