Hoy en día, el activismo judicial es considerado por muchos, erróneamente, como una usurpación ilegítima de poder por parte de los jueces. A pesar de las fieras críticas de analista de diverso credo ideológico,el autor defiende que dicha institución es básica para la efectiva vigencia de la Constitución en EEUU.
En Estados Unidos, la frase "activismo judicial" tiene hoy connotaciones peyorativas, tanto dentro el espectro conservador como en el progresista. Muchos comentaristas reprochan apasionadamente lo que consideran una intromisión ilegítima del poder judicial en el proceso democrático. Curiosamente, el enfado de muchos críticos se desvanece cuando las intervenciones judiciales favorecen sus corrientes ideológicas.
Hay que comenzar por saber diferenciar entre "activismo" e ilegalidad manifiesta. El activismo judicial -entendido en el sentido de que los tribunales mantienen al poder legislativo y ejecutivo dentro del límite de la constitucionalidad- es esencial para la protección de la libertades individuales y la vigencia efectiva del rule of law.
Los intelectuales conservadores han sido los tradicionales críticos del activismo judicial. No obstante, durante los últimos años, numerosos juristas progresistas se han unido al coro antiactivismo. Ahora que muchas de sus reivindicaciones sociales han sido consagradas mediante leyes -susceptibles de ataque judicial-, la izquierda parece unirse al llamado de la "modestia judicial".
Los defensores de la moderación judicial mantienen que los tribunales no son aptos para valorar adecuadamente las decisiones del legislativo. Los méritos constitucionales de una pieza legislativa, según aquella postura, deberían ser ponderados por los congresistas. Es el criterio de los representantes del pueblo el que debería prevalecer. Sin embargo, lo cierto es que frecuentemente los lawmakers aprueban normas de gran complejidad, muchas veces manipuladas por lobbistas. Si los tribunales dejasen pasar leyes y reglamentos inconstitucionales, estarían incumpliendo su papel institucional, traicionando el legado de los framers. Lo mismo se puede decir de la gran cantidad de normativa técnica dictada por órganos administrativos, exentos de legitimidad democrática alguna.
Las críticas en contra del activismo judicial son frecuentemente subjetivas y poco coherentes. Tomemos como ejemplo dos procesos que desataron polémica durante los años noventa. En uno de ellos, el Tribunal Supremo declaró invalidó una ley estatal que prohibía a los gobiernos municipales dictar normativa contra la discriminación hacia los homosexuales. En el otro caso, el Supremo anuló una ley estatal que prohibía la exclusión de los homosexuales en los campamentos de boy scouts. En ambos casos, el tribunal declaró la inconstitucional de actos normativos originados en procesos democráticos. Dos ejemplos de "activismo judicial" puro y duro. Curiosamente, el cosmos progresista apoyó la decisión del primer caso, condenando el segundo proceso como ejemplo de activismo exacerbado. Por su parte, los analistas de la derecha hicieron lo mismo pero en sentido inverso. Al parecer, lo que ninguno de los dos sectores soporta es la aplicación objetiva de principios constitucionales cuando esta se presenta contraria a sus concepciones ideológicas.
Mientras el protagonismo judicial es objeto de enconados ataques, lo que en verdad debe preocuparnos es la abdicación de los magistrados con respecto a su deber de protección de derechos individuales. La presunción de constitucionalidad, doctrina afianzada en la práctica jurisprudencial, pone a los ciudadanos en una situación de desventaja inicial. Es verdad que, al hacer uso de sus atribuciones constitucionales, los jueces deben ponderar minuciosamente los riesgos de excederse en el empleo de sus potestades, pero nunca debe olvidarse que dejar desamparados a los ciudadanos frente a los abusos de la autoridad implica siempre un peligro mucho mayor.
Keywords: activismo judicial, Tribunal Supremo, Estados Unidos.
