En el contexto de una investigación de una posible infracción del Derecho de la Competencia, ex art. 20, ap. 4, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, encaminada a comprobar la existencia de prácticas colusorias o abuso de posición dominante, la Comisión tras realizar inspecciones en la sede social y filiales de la empresa social, puede ordenar que continúe la inspección en las oficinas de la Comisión. En el supuesto de que decida continuar la inspección en las oficinas de la Comisión queda obligada a reembolsar a la empresa inspeccionada los gastos adicionales que se deriven exclusivamente de esta inspección en las oficinas de la Comisión.
Respecto a este tema, ciertamente de interés, se ha pronunciado el Tribunal General (Sala Primera ampliada) en la sentencia de 22 de abril de 2026, en el Asunto T-682/24 (Red Bull GmbH y otros contra Comisión Europea, ECLI:EU:T:2026:276), a propósito deuna inspección llevada a cabo por la Comisión encaminada a constatar posibles prácticas anticompetitivas por parte del grupo «Red Bull» en el sector de la producción de bebidas energéticas, comercializadas en la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo. Esta inspección se inició en marzo de 2023, y se realizó en la sede social de la empresa en Fuschl am See (Austria), y en sus filiales Red Bull France SASU (con domicilio social en París) y Red Bull Nederland BV (con domicilio social en Soesterberg). Posteriormente, la inspección prosiguió del 14 al 20 de junio y del 29 de agosto al 29 de septiembre de 2023, en las oficinas de la Comisión, con el examen de los documentos disponibles. Red Bull, en esta fase, además de contar con la asistencia de su bufete de abogados austriaco habitual, apoderó a otro bufete con sede en Bruselas.
La Comisión informó a las demandantes de la posibilidad de presentar una solicitud motivada de reembolso de los costes adicionales ocasionados por la continuación de la inspección en las oficinas de la Comisión en Bruselas. Así lo hizo Red Bull, incluyendo costes tales como desplazamientos, alojamiento y dietas de sus trabajadores, así como la totalidad de los honorarios de sus abogados, entre ellos los facturados por el segundo bufete. Red Bull sostiene que son «costes adicionales» reembolsables, invocando la jurisprudencia Nexans (sentencia de 16 de julio de 2020, Nexans France y Nexans/Comisión (C-606/18 P, EU:C:2020:571).
La Comisión, en su decisión de 23 de octubre de 2024, desestimó la parte de la solicitud de reembolso concerniente a los honorarios de los dos bufetes de abogados, al no catalogar estos gastos como «adicionales», ya que Red Bull los habría soportado en cualquier caso si la inspección hubiera continuado en sus propias oficinas. Según la Comisión sólo queda obligada a reembolsar los costes adicionales generados a la empresa inspeccionada únicamente si dichos gastos surgieron por la circunstancia de haber continuado la inspección en las oficinas de la Comisión. Recuerda la Comisión que ya en la inspección en las oficinas de la empresa, ésta había recurrido continuamente a la asistencia de abogados, por lo que los gastos de abogados surgidos al continuarse la inspección en Bruselas no admiten la calificación de «costes adicionales» reembolsables. Añade la Comisión que las propias demandantes integradas en el grupo empresarial Red Bull, en algunos de sus escritos, habían admitido que, si la inspección hubiera continuado en las oficinas de la empresa, también habrían acudido al asesoramiento de abogados.
Las demandantes solicitan al Tribunal General que anule la decisión impugnada, que condene a la Comisión al reembolso íntegro de los costes reclamados y que condene en costas a la Comisión.
El Tribunal General desestima el recurso interpuesto por Red Bull, fundamentando su decisión en que sólo son «costes adicionales», en el sentido del ap. 90 de la sentencia de 16 de julio de 2020, “los honorarios «adicionales», que no se habrían soportado en caso de inspección en las oficinas de la empresa afectada y exclusivamente vinculados con la continuación de la inspección en las oficinas de la Comisión”, quedando excluidos los gastos que, en cualquier caso, se habrían generado si la inspección hubiera continuado en las oficinas de la empresa afectada.
Como acertadamente señala el Tribunal, la decisión de recurrir a la asistencia de abogados en una inspección llevada a cabo por la Comisión sobre la base del art. 20, ap. 4, del Reglamento n.º 1/2003 forma parte de la estrategia de defensa de la empresa afectada, sin que sea obligatoria dicha asistencia. Si la empresa opta por apoderar a abogados para su asistencia durante la inspección, carece de importancia en cuanto a los costes relativos a los honorarios de abogados el que la inspección continúe en las oficinas de la Comisión. Habida cuenta que estos servicios se habrían prestado también si la inspección hubiera continuado en las oficinas de la empresa afectada, no aprecia el Tribunal que los honorarios de abogados tengan una relación de causalidad exclusiva con la continuación de la inspección en las oficinas de la Comisión.
El Tribunal da así la razón a la Comisión, en cuanto ésta afirma que las demandantes no han demostrado que con la asistencia de los abogados de que disponían en la inspección en las oficinas del grupo empresarial, y con sus trabajadores, hubiera sido suficiente para un seguimiento completo de la continuación de la inspección, no ya en las oficinas de la Comisión, sino en las de Red Bull si allí hubiera proseguido, lo que las mismas demandantes de algún modo reconocieron.
En cuanto a la pretensión de las demandantes de calificar como «costes adicionales» los sufridos por apoderar al segundo bufete, señala con buen criterio el Tribunal que las demandantes no intentaron probar que únicamente determinados honorarios de abogados eran reembolsables, ni tampoco reclamaron el reembolso parcial. Y ello pese a que la Comisión, al objeto de evaluar si dichos honorarios podían considerarse en parte «costes adicionales», solicitó a las demandantes una serie de datos, entre ellos, una justificación de que el asesoramiento de los abogados para la inspección en las oficinas de la Comisión «fue prestado únicamente para la continuación de la inspección y no para cualquier inspección in situ»; datos que no fueron proporcionados a la Comisión.
Así pues, el Tribunal desestima el recurso y condena en costas a Red Bull. Contra la resolución del Tribunal cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho.
