Incluye la sentencia
El Tribunal Supremo adoptó una resolución jurídica que, a buen seguro, influirá en acontecimientos políticos futuros. Resolvió que dialogar con la ilegalizada Batasuna no es un delito y archivó la causa abierta contra el ‘lehendakari’ Patxi López, su antecesor, Juan José Ibarretxe, y el consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, por mantener encuentros con delegaciones de la formación ilegalizada en 2006, al calor del proceso de paz abierto con la tregua de ETA.
Los augurios optimistas del Gobierno central y del Ejecutivo de Vitoria se cumplieron punto por punto, y el tortuoso camino judicial iniciado hace cuatro años no tendrá más recorrido, salvo que las acusaciones particulares, Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, emprendan el improbable camino del Constitucional. De esta forma, eventuales conversaciones políticas con Batasuna u otra formación ilegalizada tendrán el abrigo jurídico del Supremo y las admoniciones a que no se abran negociaciones o contactos con el entorno terrorista tendrán el valor de una opinión política mas no proporcionarán base legal en la que fundamentar nuevas querellas.
El alto tribunal entró, a diferencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el fondo del asunto de las entrevistas y no vio «hechos constitutivos de delito» en los encuentros mantenidos por Ibarretxe el 19 de abril de 2006, cuando aún era 'lehendakari', y por López el 6 de julio de ese año, cuando era el líder de la oposición en Euskadi. Tanto uno como otro han repetido hasta la saciedad que sus reuniones con Batasuna tenían un único objetivo: la búsqueda de la paz tras la declaración de alto el fuego de los terroristas.
Tres semanas después de la declaración de tregua, Ibarretxe citó en el palacio de Ajuria Enea a los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Pernando Barrena, hoy encarcelados. El Foro de Ermua presentó una querella contra los cuatro en el Tribunal Superior vasco. Dos meses y medio después, López y Ares se vieron las caras en un hotel donostiarra con Otegi, Rufi Etxebarria y Olatz Dañobeitia. El PP denunció a los cinco en el mismo tribunal, y el Foro de Ermua se sumó. En ambos casos, las acusaciones se fundamentaban en que Batasuna era una formación ilegal y reunirse con sus representantes vulneraba una sentencia del Supremo.
