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El TSJPV confirma la denegación de la licencia de armas a un hombre condenado por agredir a un ciclista con un rastrillo

CGPJ
  • La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestima el recurso interpuesto por el varón contra la resolución que le denegó las licencias de armas D y E

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la denegación de las licencias de armas D y E a un hombre condenado por un delito leve de lesiones tras agredir a un ciclista con un rastrillo, al considerar que ha demostrado que “carece de templanza y es capaz de utilizar la violencia contra otros sujetos”.

El TSJPV ha desestimado el recurso interpuesto por el varón contra la resolución de febrero de 2024 de la Dirección General de la Guardia Civil que a su vez rechazó el recurso de alzada contra una resolución previa de ese instituto armado que le denegó las licencias de armas D y E.

Esa denegación se fundamentó en el hecho de que el hombre fue condenado en 2019 por un delito leve de lesiones y en la existencia de un comportamiento “incompatible con la tenencia de armas”.

Antecedentes penales cancelados

En su recurso, el varón argumentó ante el TSJPV que los antecedentes penales derivados de esa condena ya estaban cancelados cuando solicitó las licencias, que los hechos que motivaron la misma constituyeron un episodio sin gran trascendencia y aislado, que por sí solo no serviría para tacharlo de antisocial o violento, y que había tenido licencias de armas para la práctica de la caza desde hacía unos 50 años.

El TSJPV analiza si los antecedentes penales por un delito leve de lesiones, que han sido ya cancelados, son suficientes para justificar la denegación de la licencia de armas solicitada.

Así recuerda que, tal y como ha establecido el Tribunal Supremo, en España el ciudadano no tiene reconocido el derecho a obtener una licencia de armas, sino que su concesión es un acto discrecional de la Administración, que, como todos los actos discrecionales, ha de ser motivado.

Por ello, si la conducta y antecedentes del interesado muestran que la concesión de la licencia puede suponer un riesgo para él mismo o para terceras personas, esta habrá de denegarse.

Por lo tanto, el hecho de que los antecedentes penales estén cancelados no es determinante a la hora de resolver sobre la concesión de las licencias, indica el TSJPV, que recuerda que la Administración ha de valorar todo comportamiento que conozca del solicitante y del que se pueda derivar una inaptitud para la tenencia de armas de fuego más allá de sus antecedentes penales y policiales.

“Falta de templanza y de respeto por las normas”

En este caso, el hombre fue condenado por golpear a un ciclista en el codo con un rastrillo tras un enfrentamiento verbal motivado por una maniobra realizada por el ahora recurrente con su vehículo.

“Es cierto que, en la comisión de estos hechos, no intervino un arma de fuego. Ahora bien, no podemos pasar por alto que el interesado ha demostrado poca capacidad para controlar sus emociones y sus arranques de ira. Eso es lo que lo llevó a ser condenado. Es cierto que las lesiones sufridas por el ciclista con el que tuvo el encontronazo no fueron graves, pero no podemos pasar por alto que el actor se valió de un instrumento peligroso, como es un rastrillo para ocasionarlas”, describe el TSJPV.

“Vemos pues -continúa el TSJPV- cómo este incidente denota falta de templanza y de respeto por las normas. Y estas dos características son incompatibles con los deberes que se derivan para todo sujeto que obtiene una licencia de armas”.

Frente a la alegación del recurrente de que se trataría de un episodio aislado, el tribunal recuerda que lo importante del incidente es que ha demostrado que el varón carece de templanza y que es “capaz de utilizar la violencia contra otros sujetos empleando, incluso, algún instrumento contundente para ello”.

“Este episodio desaconseja que el actor pueda hacer uso de armas de fuego”, concluye el TSJPV en una sentencia que no es firme y contra la que cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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