- El cálculo del gravamen podrá tomar como referencia el coste de aparcamiento público equivalente al trayecto
La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de diciembre y vigente desde el 5 de diciembre de 2025, habilita a los ayuntamientos para establecer tasas por la circulación en zonas de bajas emisiones. La medida forma parte de un marco normativo más amplio que busca reducir la contaminación urbana, promover un transporte más sostenible y fomentar el uso de vehículos de bajas emisiones o transporte colectivo.
La norma añade una letra v) al apartado 3 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, autorizando a las entidades locales a gravar la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas permitidas en las zonas de bajas emisiones. Con ello, los consistorios podrán determinar de manera autónoma la cuota tributaria aplicable a cada vehículo, incentivando así la reducción de emisiones contaminantes en áreas urbanas densamente pobladas.
En cuanto a la determinación del importe de las tasas, la Ley 9/2025 establece que se podrá utilizar como valor de referencia el coste que habría tenido que pagar el vehículo si hubiera estacionado en un aparcamiento público, en lugar de circular por la zona de bajas emisiones. Este criterio pretende generar un mecanismo equilibrado y proporcional, que incentive el uso de transporte colectivo o vehículos de bajas emisiones y contribuya a la sostenibilidad urbana.
Apoyo financiero
La Ley 9/2025 también refuerza el apoyo financiero a los ayuntamientos mediante la actualización de la disposición adicional quinta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se establece que los Presupuestos Generales del Estado incluirán crédito destinado al Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO-FCPJ), con el que se financiarán subvenciones a las entidades locales responsables de los servicios urbanos de transporte colectivo, fortaleciendo así la infraestructura de movilidad sostenible.
Con esta regulación, la ley combina instrumentos fiscales y financieros para reducir la circulación de vehículos contaminantes en zonas urbanas críticas, mientras promueve la movilidad sostenible y la inversión en transporte colectivo. Se trata de una estrategia integral que conecta política fiscal local, movilidad urbana y sostenibilidad ambiental, consolidando un modelo de ciudad más limpia y eficiente.
