- El caso paradigmático en Navarra fue el planteado a propósito del esquema organizativo de una importante firma con su centro fabril en Navarra
- Lo sorprendente de este conflicto es que no debió nunca haberse planteado
El pasado 19 de noviembre tuve el honor de intervenir con una ponencia en el XXXIV Congreso de la AEDAF. Su objeto era difundir entre todos los profesionales de la asesoría fiscal en España la existencia de la Junta Arbitral de Navarra (JAN) y cómo puede afectar su intervención a cualquier contribuyente (no solo a los navarros). Resumo en estas líneas las ideas principales allí vertidas.
Las resoluciones de la Junta Arbitral de Navarra (JAN), en el ámbito de sus competencias (art. 51 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en adelante CEEN) afecta a las personas en su calidad de ciudadanos y en la de contribuyentes.
Como ciudadanos puede llegar a ser relevante la función de la JAN, en tanto que sus resoluciones pueden provocar importantes desplazamientos de recursos financieros entre Navarra y el Estado o cualquier otra comunidad autónoma. Algunas resoluciones de la JAN tienen por objeto conflictos de competencia que pueden movilizar ingentes cantidades de dinero.
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