- El Consejo de Garantías Estatutarias en su momento entendió que la Generalitat no tenía competencias para condicionar el precio del alquiler
Son diversas las normativas que recientemente se están aprobando con el fin de solucionar el problema de acceso a la vivienda. Ello se ha dado tanto a nivel estatal como en Cataluña, la primera comunidad autónoma que ha legislado en esta materia. Sin embargo, ello no ha sido en absoluto exento de polémica, conflictos competenciales y críticas en distintos sentidos. Para entender los motivos de la controversia y el futuro de este tipo de medidas, conviene analizar estas normativas y sus efectos, la reacción que han suscitado en el sector y sus características diferenciales.
En el ámbito estatal, el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 1 de febrero de 2022 al Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Se ha solicitado su tramitación parlamentaria por el trámite de urgencia, previéndose que se apruebe en el tercer trimestre de 2022. Este proyecto encontró su primer obstáculo con el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial, que apreció incidencia en competencias de titularidad autonómica, lo que retrasó su aprobación, al deber ajustarse algunos puntos en este sentido.
En Cataluña, desde el 22 de septiembre de 2020, está en vigor la Ley 11/2020 de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas. Esta normativa limitó el precio del alquiler en ciertas áreas (denominadas “tensionadas”), impidiendo que el mismo sobrepase el precio determinado por medio de un índice referencia y la renta consignada en el último contrato de arrendamiento (con algunas excepciones, tales como en el caso de que se hayan ejecutado cierto tipo de obras o si la vivienda dispone de ciertos equipamientos especiales).
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