- Los bloques progresista y conservador respaldan a sus respectivos candidatos y Perelló vota en blanco
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llevado a cabo este miércoles varias votaciones fallidas para nombrar a los presidentes de las salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), lo que ha llevado a la presidenta, Isabel Perelló, a devolver la convocatoria de estas plazas a la Comisión de Calificación para que haga una nueva propuesta, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Era la tercera vez que iba a Pleno pero la primera que se votaba y se ha hecho hasta cuatro veces, tras lo cual Perelló, por decisión propia, ha devuelto el asunto a la Comisión Calificación para que formule nueva propuesta y pueda volver a votarse, si bien las fuentes consultadas por Europa Press indican que no se reabrirá la terna de candidatos, por lo que seguirán los mismos. Internamente, este movimiento se lee como una forma de «dar tiempo para seguir negociando».
Los cuatro aspirantes son Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer, para dirigir la Sala de lo Penal, y Pablo Lucas y Pilar Teso, para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, aunque ellos ya ejercen interinamente la Presidencia de sus respectivas salas.
Las votaciones se han saldado sin sorpresa, con los 10 votos del bloque progresista para Ferrer y Teso y los 10 del sector conservador para Martínez Arrieta y Lucas. Perelló, por su parte, ha votado en blanco. El ala progresista buscaba que la presidenta del CGPJ y del TS se retratara en esta votación, dado que fue ella quien decidió forzarla.
En cambio, Perelló y el vocal progresista Carlos Hugo Preciado se han alineado con los conservadores para sacar adelante varios nombramientos de letrados del propio CGPJ, salvo uno que ha sido unánime. También ha habido unanimidad para renovar a Joaquín Silguero como director del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), puesto que ya ejercía de forma interina. El de director de la Escuela Judicial, en cambio, se ha retirado del orden del día por falta de acuerdo.
Fuentes del CGPJ señalan que esta última plaza ha cobrado especial relevancia de cara a la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal que prevé el Gobierno, por cuanto este anteproyecto contempla dotar de un mayor protagonismo a la Escuela Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos en la «fase de formación y selección» de los opositores.
El ultimátum de mayo
Perelló volvió a llevar a Pleno los nombramientos de los presidentes de las salas Segunda y Tercera del TS tras dar un ultimátum a los vocales para que llegaran a un acuerdo en el mes de mayo, advirtiéndoles de que estos dos puestos no pueden quedar pendientes ‘sine die’.
Desde el ala conservadora, reivindican la calidad y veteranía de Martínez Arrieta y Lucas, que ya ejercen interinamente como presidentes de sus respectivas salas y están cercanos a la jubilación, lo que añade el argumento de que sería el «corolario» a su carrera profesional, motivo que ha llevado a otros magistrados a no postularse, «por respeto».
En el otro extremo, los progresistas sostienen que la excelencia se presupone a los cuatro candidatos, porque «todos vienen avalados por el TS», y que las plazas deben adjudicarse por el proyecto para estas salas y el tiempo para desarrollarlo, algo que jugaría a favor de Ferrer y Teso, que tendrían por delante los cinco años de mandato completos.
Ambos lados se reprochan la negativa a negociar y lo cierto es que subyacen varios obstáculos, entre ellos el firme rechazo de los conservadores a Ferrer, a la que ven como «la candidata de Cándido Conde-Pumpido»; la «animadversión» de Perelló a Teso, que no la veta pero mina su candidatura; y la regla de paridad, que los conservadores interpretan para el conjunto de la carrera judicial y los progresistas quieren aplicar a cada grupo de plazas, de modo que estas sean para mujeres.
Así las cosas, las fuentes ya advertían de que era «complicado» que hubiera acuerdo. La primera vez que Perelló lo llevó a Pleno fue el 26 de febrero, cuando logró que los vocales designaran al conservador Ignacio Sancho -candidato único- para la Presidencia de la Sala de lo Civil del TS y a la progresista Concepción Ureste, para la Sala de lo Social, en detrimento del aspirante conservador, Juan Molins, pero se vio obligada a retirar del orden del día las otras dos plazas.
Entonces, en el bloque progresista no pocas voces advirtieron de que desgajar las presidencias de las salas Primera y Cuarta del ‘pack’ de cuatro que constituían con las vacantes análogas en la Segunda y la Tercera era un error porque en estas últimas los candidatos conservadores, Martínez Arrieta y Lucas, ya ejercen de forma interina sus presidencias, por lo que el sector conservador perdía así cualquier incentivo para cambiar una situación que ‘de facto’ le beneficia.
Perelló lo intentó por segunda vez el pasado 1 de abril, pero la falta de avances hizo que volviera a retirar el asunto del orden del día para sacar adelante otros 18 nombramientos discrecionales, incluidas las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Asturias y Murcia.
La importancia de esas dos salas concretas reside en que la de lo Penal es la llamada a investigar y, en su caso, juzgar a los aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados, entre otros altos cargos, como el fiscal general del Estado; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo es la encargada de controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos que se planteen.
Cabe recordar que el acuerdo entre progresistas y conservadores -empatados con diez vocales cada uno- es imprescindible para llevar a cabo unos nombramientos que deben contar al menos con 13 apoyos.
