- Pide una reunión urgente al PSOE por una enmienda «inaceptable» que les permitiría seguir en el puesto más cercano
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha insistido este miércoles en su petición de que el proceso de regularización de jueces sustitutos impulsado por el Gobierno, en el marco de la reforma del acceso a la carrera, «se desgaje» de ésta para dar espacio a una tramitación parlamentaria «sosegada», reaccionando así a una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley que cree que ahonda en un proceso «discriminatorio».
«Volvemos a solicitar que se desgaje este proceso extraordinario de la reforma. Sólo con la tramitación sosegada y transparente que permita abordar con la adecuada planificación y valorando todas las opciones disponibles podrá alcanzarse una solución a un problema complejo en beneficio de la ciudadanía y de la carrera», ha incidido en un comunicado.
En el mismo, JJpD ha pedido al PSOE una reunión urgente después de conocer que los socialistas han presentado en el Congreso una enmienda a la reforma del acceso a la carrera en la que proponen que los jueces sustitutos queden adscritos al Tribunal Superior de Justicia más cercano, lo que ven «inaceptable».
Una enmienda que, a su entender, «ahonda hasta hacer inasumible, discriminatorio y profundamente disruptivo» el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos.
La enmienda del PSOE plantea que «quienes accedan a la carrera judicial o fiscal quedarán adscritos, respectivamente, al Tribunal Superior de Justicia o a la Fiscalía de la comunidad autónoma de su último nombramiento como persona sustituta o suplente o de su residencia al tiempo de publicarse la convocatoria del proceso de estabilización, a elección de la persona de nuevo ingreso», además de que «no podrán concursar en los cinco años siguientes».
A juicio de JJpD, permitir la adscripción de los jueces sustitutos a los tribunales en los que vinieran sirviendo «es una medida que no tiene justificación», ya que «provoca la ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional, y afectará al normal desarrollo de la planta judicial».
Respecto a impedir que concursen en un plazo de cinco años, lo considera una «restricción a un derecho profesional» también sin justificación y discriminatoria para quienes vayan a acceder a través de este potencial sistema y una causa de disrupción en el normal desarrollo de concursos y movilidad dentro de la carrera, además de fomentar la temporalidad y la movilidad forzosa».
También ha señalado que rebajar a un 40 la puntuación necesaria para considerar aprobado un dictamen «supone excepcionar la normal apreciación de suficiencia y capacidad exigible a los aspirantes que se sitúa en un 5 (o 50)».
Además, ha tachado de «arbitrario» que el Gobierno, «unilateralmente y sin audiencia» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del colectivo de jueces, haya fijado un número de plazas de estabilización –673 anunció el Ministerio de Justicia–.
«Las prisas nunca son buenas»
JJpD ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impone al Estado el deber de promover y proteger las pruebas de acceso a la judicatura que en España son el cuarto turno y el turno libre «para evitar las discriminaciones inversas».
«Se deben adoptar medidas de fomento, que aquí brillan por su ausencia, para evitar que esta entrada masiva y extraordinaria produzca efectos perjudiciales o desaliente los métodos ordinarios que suponen la garantía de un futuro que puede volverse más que sombrío con el colapso que amenaza provocar esta falta de planificación previa», ha demandado.
La regularización «amenaza con llevarse por delante todo el sistema de gestión de personal y concursos por acometer una ampliación de los efectivos de la carrera judicial de un 13 % (…) sin abordar con carácter previo un estudio serio de necesidades», ha avisado.
Tras advertir de que «las prisas nunca son buenas consejeras y, además, llevan a asumir apariencias y cometer errores», ha indicado que «siempre estará dispuesta a trabajar por el bien común y por la carrera judicial», que reconoce al colectivo de jueces sustitutos y que colaborará para alcanzar una justicia eficaz e independiente, pero reiterando que «jamás apoyará un régimen discriminatorio, disruptivo y arbitrario como el que se presenta».
En su opinión, el proyecto de ley, «lejos de mejorar los preocupantes déficits que el mismo tiene, ahonda en ellos hasta convertirlo en inaceptable» y «mantiene errores».
JJpD es una de las dos asociaciones de jueces y fiscales, junto a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no han apoyado la huelga de tres días convocada por las demás asociaciones para los días 1, 2 y 3 de julio en contra de esta reforma de acceso a ambas carreras y la de la Fiscalía.
