El Consejo Fiscal hizo público este lunes un informe que cuestiona de forma rotunda varios aspectos del Anteproyecto de Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias en materia de fraude fiscal. «Se hace muy difícil admitir que exista una relevancia pública» de todos los procedimientos por delitos contra Hacienda, señala.
El informe del Ministerio Público es más crítico con la reforma que el dictamen realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que avaló el Anteproyecto en términos generales como un "un elemento preventivo y educativo". Ambos dictámenes son preceptivos, pero no vinculantes.
Además de cuestionar la relevancia de las condenas, la Fiscalía se pregunta "por qué puede existir este supuesto interés público o necesidad de publicar los datos personales de las personas condenadas por los delitos a los que se refiere el Anteproyecto y no a otros".
Así, el informe insiste a lo largo de 18 páginas en que el caso concreto de las sentencias cuya publicación se pretende por el Ministerio de Hacienda "debería reflexionarse sobre si las finalidades pretendidas pueden conseguirse de otra forma".
Alternativas para un mismo fin
Propone como alternativas la notificación de tales sentencias a las Administraciones implicadas o exigiendo a aquel que pretende que se le adjudique un concurso o una subvención "que acredite en el expediente administrativo que carece de antecedentes penales por este delito".
No obstante, el Ministerio público admite que, en términos generales, la reforma que contribuye a la consecución de los intereses generales, que debe prevalecer "sobre los individuales a la intimidad y protección de datos". Advierte, eso sí, que se haga "con una adecuada proporcionalidad y garantías".