- Exigirá evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada
El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que busca garantizar la gestión pública en la sanidad y limitar la colaboración privada.
«La sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, transparencia, control democrático y prioridad del interés general», ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ley, que incorpora las aportaciones de la fase de información pública, consagra la gestión directa como el pilar fundamental del SNS, realizándose a través de las administraciones, entidades del sector público o consorcios. Para blindar este modelo, la norma procede a la derogación expresa de la Ley 15/1997, eliminando las vías que permitieron la entrada generalizada de la gestión privada en la sanidad pública.
Según la exposición de motivos, la evidencia científica muestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud, además de garantizar un mayor control y transparencia del gasto público.
De este modo, la gestión indirecta de servicios sanitarios pasa a tener un carácter «estrictamente excepcional». Para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar objetivamente que no es posible la prestación directa y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente. Además, la norma prohíbe los contratos donde una empresa privada asuma tanto la construcción de infraestructuras como la gestión de la prestación sanitaria.
«Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados, como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el PP ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos», ha reprochado García.
En este contexto, la ley creará órganos con expertos, profesionales sanitarios y representantes de la sociedad civil. Estos órganos elaborarán un informe sobre si la gestión indirecta cumple con lo previsto en la ley, y la administración deberá tenerlo en cuenta antes de tomar una decisión. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará las directrices para garantizar criterios homogéneos en la elaboración de estos informes.
El Informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) será obligatorio en contratos de concesión para asegurar la sostenibilidad financiera y evitar que estimaciones irreales perjudiquen la prestación sanitaria. Según Sanidad, habrá preferencia por el sector social, ya que, en caso de empate en licitaciones, se priorizará a las entidades sin ánimo de lucro.
«Esta ley plantea evaluar qué ha funcionado, qué no y qué consecuencias han tenido determinadas decisiones de gestión en la sanidad pública, así como cuál ha sido su coste de oportunidad», ha resaltado García.
Recuperar la gestión pública directa
La ley exige la publicación anual de indicadores de resultados en salud para todos los centros, independientemente de su modelo de gestión. Además, la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesorará técnicamente a las administraciones que deseen recuperar servicios para la gestión pública directa.
Asimismo, el Ministerio elaborará, en el plazo de un año, un informe de evaluación sobre las distintas experiencias de gestión desarrolladas en España desde 1997. El informe será realizado por un grupo de trabajo integrado por representantes de las administraciones públicas y personas expertas en este tipo de evaluaciones, y contará además con la participación de organizaciones de pacientes.
Por último, el proyecto de ley incluye un régimen transitorio para garantizar la seguridad jurídica. Así, los contratos y concesiones que ya estén en ejecución o iniciados se seguirán rigiendo por la normativa anterior hasta su vencimiento. Una vez aprobada definitivamente por las Cortes, la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
«En definitiva, esta ley refuerza el carácter público del Sistema Nacional de Salud, limita la gestión indirecta a supuestos excepcionales y exige justificar y evaluar cualquier externalización. Además, mejora la transparencia, protege el uso de los recursos públicos y refuerza el control y las garantías de uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar», ha finalizado García.
