En los últimos dos años hemos aprendido a hacer prompts. A pedirle a una IA que revise un contrato, que busque jurisprudencia, que resuma un documento o que prepare un primer borrador. Ahora empieza otra etapa.
Las herramientas jurídicas más interesantes ya no quieren limitarse a responder una pregunta, quieren acompañar el asunto: recibir documentación, analizarla, mantener el contexto, ejecutar varias tareas seguidas, preparar documentos y devolver el trabajo al profesional en distintos momentos del proceso.
Esto cambia bastante lo que deberíamos preguntar cuando evaluamos una herramienta de IA jurídica, porque una cosa es comprobar si una IA responde bien a una consulta y otra bastante distinta decidir si la queremos incorporar a nuestra forma de trabajar.
Aquí la cosa se complica un poco porque las primeras preguntas nos las tenemos que hacer “hacia adentro”, a nosotros mismos. La principal: ¿qué queremos hacer con la IA?
Obvio ¿verdad? No siempre lo es.
Tanto en los despachos como en los departamentos jurídicos conviven trabajos muy distintos, hay tareas repetitivas, con bastante volumen y una secuencia más o menos conocida. Y hay investigación, análisis y trabajo jurídico donde lo importante es la calidad del razonamiento, y no necesariamente requerirán la misma solución.
Para determinados usos puede bastar una herramienta que permita consultar buenas fuentes jurídicas, incorporar documentación propia y trabajar bien sobre ella.
En otros casos queremos bastante más: que la IA participe en varias fases de un asunto y no nos obligue a empezar de cero cada vez.
Aquí es donde yo miraría con especial atención qué significa exactamente eso que algunos proveedores llaman ya workflow, agent o gestión integral del asunto.
¿Qué hace realmente? ¿Qué pasos encadena? ¿Qué información conserva? ¿Qué tiene que revisar el abogado? ¿Qué ocurre si el asunto se sale del camino previsto?
Son preguntas bastante más útiles que comprobar quién redacta el mejor escrito en cinco minutos. Y, como decía, tienen una consecuencia previa: para automatizar un proceso, o gestionar un asunto con IA, hay que conocerlo muy bien de antemano y muy probablemente, haberlo ajustado.
No hace falta convertir el despacho en un laboratorio de procesos ni mapear hasta el último clic, pero sí entender qué ocurre desde que entra un asunto hasta que sale, dónde se repiten tareas, dónde se pierde tiempo, qué información pasa de una persona a otra, y dónde el criterio profesional sigue siendo insustituible. Y eso, para cada tipo de asunto y área de práctica. Si no lo sabemos nosotros, difícilmente vamos a explicárselo bien a una herramienta.
Después vienen las preguntas menos vistosas. Una es bastante evidente: ¿de dónde sale la respuesta?
No me basta con que una herramienta responda bien, quiero saber sobre qué fuentes trabaja, cómo se actualizan y si puedo comprobar qué ha utilizado para llegar a una determinada conclusión.
Esto es especialmente importante porque una de las características más peligrosas de la IA generativa es también una de sus virtudes: responde con mucha seguridad. Por eso, en una solución jurídica, la calidad y actualización de las fuentes, la trazabilidad de las respuestas y la supervisión profesional conforman las dos caras de la misma moneda.
También hay que preguntar qué ocurre con la información que introducimos, qué datos procesa la herramienta, dónde se alojan y qué garantías ofrece el proveedor. Estamos trabajando, muchas veces, con documentación sensible de clientes. Toda precaución es poca.
Y luego está la integración.
La herramienta, idealmente, tendrá que convivir con el gestor documental, el correo electrónico, el sistema de gestión, el CLM si existe y, sobre todo, con la forma real en que trabaja la gente.
Si para utilizarla hay que descargar un documento, subirlo a otro entorno, recuperar el resultado, volver a descargarlo y archivarlo manualmente, hemos creado un circuito nuevo. Puede funcionar para unos pocos entusiastas, pero es mucho más difícil que se convierta en una forma de trabajar del despacho.
Para mí, estas son, por menos, las preguntas que tenemos que resolver antes de contratar una IA jurídica:
- ¿Qué problema concreto queremos resolver?
- ¿Buscamos principalmente análisis jurídico o queremos automatizar parte de un proceso o un servicio?
- ¿Qué versión o configuración necesitamos realmente?
- ¿Sobre qué fuentes trabaja y cómo se actualizan?
- ¿Puedo comprobar de dónde obtiene sus respuestas?
- ¿Qué ocurre con la información que introducimos?
- ¿Cómo se integra con nuestros sistemas actuales?
- ¿Puede mantener el contexto de un asunto y trabajar sobre varias fases?
- ¿Qué tareas ejecuta sola y cuáles requieren intervención profesional?
- ¿Qué tendremos que cambiar nosotros para aprovecharla bien?
No todas importarán igual en todos los despachos o departamentos jurídicos de empresa. Esta es precisamente la cuestión: no hay una herramienta “mejor” en abstracto. Buscamos la herramienta que “mejor” se adapte a nosotros.
Hay herramientas que encajan mejor o peor con una necesidad, con una arquitectura tecnológica y con una forma concreta de trabajar.
Conclusión
Si hace dos años evaluábamos sobre todo si una IA sabía responder, ahora tendremos que empezar a evaluar algo bastante más interesante: si sabe trabajar dentro del asunto y dentro del despacho.
Y ahí, para mí, está el cambio de verdad.
