- El Pleno anula la condena de 2.100 euros impuesta al periodista Alfonso Loaiza por tres tuits sobre la muerte de un mantero en Lavapiés al considerar que sus mensajes constituían una crítica a las políticas migratorias amparada por la libertad de expresión
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo formulado por el periodista y escritor Alfonso Loaiza Pérez contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid de 12 octubre de 2021, que fue confirmada en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en sentencia de 20 julio de 2023, que le condenó como autor de un delito de injurias graves a la Policía Municipal de Madrid en relación a tres tuits que divulgó en su red social sobre la muerte en la calle de un migrante que se dedicaba a la venta ambulante, hecho ocurrido el 15 marzo de 2018.
El recurrente en amparo fue condenado a la pena de multa de catorce meses con cuota diaria de cinco euros (2.100 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y a publicar la sentencia en la red social Twitter (hoy X).
La sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, anula esas dos sentencias y la providencia de inadmisión del recurso de casación de fecha 20 julio de 2023, al considerar, entre otros motivos, que los mensajes del periodista y escritor suponían ejercicio de la libertad de crítica en un debate de interés público sobre políticas del Estado en materia de inmigración que no ofendían el honor de persona alguna sino se referían al Estado y a la policía.
Los hechos estudiados en el recurso de amparo son los siguientes: el mismo día del fallecimiento del ciudadano senegalés Mame Mbaye en la calle del Oso de Madrid, el Sr. Loaiza publicó varios mensajes, en los que decía: «Orgullo de manteros concentrados en Lavapiés. Hoy ha muerto, Mmame Mbage cuando era perseguido por la policía. Su único delito: carecer de unos papeles. No se ha muerto solo ni es una muerte natural, es un asesinato y es culpable el Estado policial español (…) El nombre de Mmame Mbage y su cara no saldrán en ninguna televisión. No era dueño de nada y solo tenía sus manos para sobrevivir de mantero como buenamente podía. Llevaba trece años residiendo en España. La policía lo ha asesinado. Para el Estado no era un ser humano. Lavapiés (…)». Junto a una foto del migrante fallecido aparecía este pie: «Asesinado por la policía de Madrid. El mejor homenaje luchar contra la represión del Estado ¡Salgamos a las calles!».
La sentencia del Juzgado Penal justificó la condena en varios razonamientos como el incumplimiento por el recurrente del deber de cerciorarse como periodista de la veracidad de la información que transmitía, pues informaba de un asesinato y de su autoría, deber del que no estaba exento por el hecho de comunicar por una red social. También en la injuria objetiva que significaba atribuir el asesinato a la policía en detrimento del prestigio de su función y de la confianza de la ciudadanía, proferida con temerario desprecio a la verdad, pues pronto se supo que se trataba de una muerte natural.
El Juzgado Penal asimismo subrayó el carácter innecesario de la injuria para la formación de la opinión pública y la posibilidad de haber sido más reflexivo al tener una mayor distancia emocional y física por no residir en el barrio, sino en Barcelona. Finalmente, justificó la condena en no existir desproporción al imponerse una pena de naturaleza pecuniaria y no privativa de libertad, sanción que estimaba necesaria para el mantenimiento del orden democrático.
El Constitucional distingue entre libertad de expresión y libertad de información
La sentencia del Tribunal Constitucional considera que el derecho controvertido y, por tanto, el parámetro de control constitucional a aplicar en el presente caso es el relativo al derecho a la libertad de expresión. Porque a diferencia del caso analizado en la STC 52/2026 (ver nota de prensa nº 76/2026), el Tribunal constata que en los mensajes por los que fue condenado el demandante de amparo el elemento predominante no es la narración de un hecho, cuya veracidad se pretende establecer sobre la comisión de un delito de asesinato y su autoría por parte de agentes de la policía, sino la emisión de una opinión sobre la política represiva del Estado en materia migratoria, interviniendo con ello en el debate público sobre la cuestión.
Así se infiere de la circunstancia de que, en su primer mensaje, como contextualización general de su comunicación, el demandante se limitaba a señalar el fallecimiento de una persona “cuando era perseguido por la policía” y que “es culpable el Estado policial español”, sin hacer ninguna referencia a una posible relación directa con la conducta de algún agente policial, por tanto, no se estaba pretendiendo informar de un asesinato ni realizar un juicio de responsabilidad jurídica individualizadora de la eventual conducta de un policía. Por ello, no pretendía informar sobre una hipotética autoría o responsabilidad penal por la muerte del migrante.
El Pleno estima que las resoluciones impugnadas vulneraron el derecho a la libertad de expresión del demandante en amparo porque, en primer lugar, erraron al identificar la libertad de información como el derecho ejercido por el demandante, en vez de entender que, en atención al texto y al contexto del mensaje, el derecho que estaba en juego era la libertad de expresión que no está sometida a canon de veracidad. En segundo lugar, dichas sentencias no valoraron que el mensaje suponía ejercicio de la libertad de crítica en un debate de interés público sobre políticas del Estado en materia de inmigración que no ofendían el honor de persona alguna sino se referían al Estado y a la policía.
Para el Tribunal, la lectura de los tres tuits refleja con claridad que vehiculan una crítica a las políticas migratorias. El mensaje no ofrecía noticia del hecho, sino opinión, juicio de valor, para contextualizar el suceso y otorgarle sentido a partir de la condición del fallecido como migrante pobre, objeto de persecución policial en razón de sus rasgos étnicos y su dedicación a la venta ambulante clandestina.
La sentencia cuenta con los votos discrepantes de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y Concepción Espejel Jorquera.

