La Fiscalía de Málaga ha realizado escrito de acusación contra un abogado por un delito de deslealtad profesional, al considerar que «de forma unilateral y sin consultar en ningún momento» a sus clientes aceptó sólo el pago de una parte de la indemnización concedida por despidos improcedentes y pidió el levantamiento de un embargo que pesaba sobre bienes de la parte contraria.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, el letrado acusado asumió la defensa de tres personas en los procedimientos iniciados en el Juzgado de lo Social número 6 de Málaga contra una empresa por despido improcedente, que resultaron con sentencias favorables a los trabajadores, fijándose en 91.266 euros la cantidad principal a reclamar, más 14.300 de intereses, gastos y costas.
Así, en junio de 2004, se ordenó el embargo de ocho vehículos de esa firma, pero en febrero de 2006, según el escrito de la acusación pública, el procesado "a pesar de ser plenamente consciente del perjuicio que se les ocasionaba", compareció en el juzgado junto con el letrado de la empresa condenada y "solicitó el levantamiento del embargo".
Posteriormente, hizo otra comparecencia por la que aceptó 36.000 euros en pago de lo adeudado, "quedando saldada así la deuda, causando un evidente perjuicio a los demandantes que perdieron al menos 55.266 euros", lo que suponía un poco más del 60 por ciento de la deuda, a parte de los intereses, costas y gastos, ya que fueron los clientes los que abonaron la minuta del acusado, que decidió "por su cuenta tal renuncia" y contra el que se presentó querella.
Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito de deslealtad profesional, por el que solicita:
- inhabilitación durante tres años
- multa de 18 meses a 15 euros por día, que suponen 8.100 euros
En caso de sentencia condenatoria se insta a que indemnice a los clientes en la cantidad que se determine.