El pasado viernes, el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas publicó un Proyecto de Ley de integración de los inmigrantes. El anteproyecto generó controversia, dado que se hizo hincapié en el "compromiso de integración", aunque no se llegaba a concretar si sería obligatorio o facultativo; tal y como ha quedado finalmente.
A finales del mes de mayo se creó una gran polémica al respecto de un documento al que tuvo acceso el diario Financial Times que revelaba que Sarkozy, cuando su país asumiese la presidencia rotativa a partir del 1 de julio, pediría a la Unión Europea un cambio radical en la política común de inmigración; incluyendo eficacia en la protección de las fronteras, clases del idioma del país receptor, acuerdos de expulsión, organización de las entradas con criterios diferenciadores por profesiones, restricciones en las reagrupaciones familiares e identificaciones biométricas, dado que "Europa no tiene los medios para acoger con dignidad a todos aquellos que la ven como un Eldorado".
La medida que más debate generó que contenía dicho documento fue el llamado contrato de integración, que el hoy presidente de Francia introdujo en su país en 2004 mientras ocupaba la cartera de Interior. El contrato francés exige, a quien lo solicita, el compromiso a respetar los valores de la República Francesa, aprender el idioma, respetar las leyes y aceptar la igualdad entre hombre y mujer. Si hay una demostración de incumplimiento de dicho contrato, que el inmigrantes firma junto a la solicitud de residencia, puede perder las ayudas sociales y llegar a ser expulsado de Francia.
La Comunidad Valenciana acaba de adaptarlo, suavizado, en el Proyecto de ley de integración de los inmigrantes en la Comunitat Valenciana, concretamente en sus artículos 6, 7 y 8; destacando el carácter voluntario del compromiso. De todos modos, el art. 6.2 dispone que el certificado acreditativo lo podrá hacer valer el individuo en sus relaciones sociales y jurídicas, sin especificar sus implicaciones, que parece que se limitan a una "honra".
Desde la exposición de motivos intenta dejar claro que el objetivo de la futura Ley se ciñe a la integración de los inmigrantes, dentro de los ámbitos competenciales valencianos. Puntualiza que en el texto se recogen tanto medidas ya existentes de manera dispersa en la normativa vigente, estatal, o autonómica; como otras que tienen un carácter novedoso. Especialmente, entre las vigentes, se refiere a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; la llamada "Ley de Extranjeria", y a su Reglamento.
El Título II se ocupa del compromiso de integración, que diseña como un programa voluntario, ofertado desde la Generalitat, cuyo desarrollo remite a un futuro Reglamento. En el programa tomarán parte tanto las administraciones locales como los agentes sociales que intervienen en el ámbito de la inmigración. Deberá garantizar "el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática, de sus derechos y deberes, de la estructura política, la cultura y los idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana".
La integración, según el texto, se fomenta:
- Dentro de un marco de respeto "a la identidad cultural y religiosa de los recién llegados".
- Con carácter bidireccional, es decir, que implica el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de unos deberes.
- Entendiendo que el respeto a las ideas religiosas y a la cultura propia no puede ser un impedimento para que la dignidad de la mujer y el principio de igualdad sean plenos y efectivos.
- Con carácter transversal (abarcando aspectos políticos, económicos, sociales y culturales).
- Sin menoscabo de las prestaciones reconocidas a los nacionales, pero con la posibilidad de tomar medidas de discriminación positiva allí donde el ser inmigrante pueda comportar una situación objetiva de desigualdad.
- Con el mantenimiento de la identidad propia de la Comunidad Valenciana.
