La confederación de asociaciones europeas de accionistas minoritarios (Euroshareholders), junto con diversas asociaciones de minoritarios integradas en ella, en particular la portuguesa asociación de inversores e analistas técnicos del mercado de capitales quieren hacer público que en las últimas semanas han venido analizando la operación de venta por el estado portugués de su posición del 21,35 % del capital social de energias de portugal, (EDP) a la empresa China Three Gorges International (EUROPE), SA (CTGI).
Para una mejor apreciación del asunto, entre otras actuaciones, se ha mantenido una reunión con Don Carlos Tavares, Presidente da Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal, a quien expusieron las dudas y observaciones relativas a la mencionada operación.
A resultas de la misma, y del análisis de la situación, el posicionamiento de las Asociaciones es el siguiente:
La venta de la participación del Estado Portugués en EDP en su casi totalidad va a mejorar sustancialmente el régimen de gobierno societario de la empresa, en la medida en que disminuye la inaceptable asimetría de poderes a nivel societario que el Estado poseía en la empresa, toda vez que dicha participación gozaba del "exclusivo" derecho de no estar sujeto a limitación estatuaria alguna de derechos de voto, lo que inevitablemente discriminaba a los demás accionistas, haciendo la empresa menos atractiva para los inversores.
No obstante, considerando el premio de control pagado en la operación, la propuesta de modificación de estatutos elevando las limitaciones estatutarias a los derechos de voto, así como las propuestas de elección (alteración) de los miembros del consejo general de supervisión y del consejo de administración ejecutivo a realizar en la próxima Junta General, las Asociaciones consideran que la posición da CGTI en EDP es de control. Ante ese presupuesto, se considera que a CGTI debería proporcionar a todos los accionistas una salida en iguales condiciones de precio a las ofrecidas al Estado portugués, a través del lanzamiento de una opa voluntaria.
Asimismo se quiere dejar constancia de que las Asociaciones permanecerán vigilantes en relación a las actuaciones que realicen los distintos accionistas relevantes en EDP, en particular a eventuales indicios de actuaciones concertadas en la Sociedad por encima del 33.33% de los derechos de voto, lo que de acuerdo con la legislación portuguesa obligaría al lanzamiento de una opa.
Se quiere por último dejar constancia expresa de la confianza depositada en el Regulador Portugués a la hora de supervisar las actuaciones que se produzcan en el seno de EDP, y exigir el cumplimiento de la ley en defensa del interés todos los accionistas y del mercado.
