Garrigues asesora a AFAO por la expropiación de la concesión otorgada a la sociedad 'Consorcio Ruta 1', que llevó a cabo el Estado de Uruguay en 2005
La empresa española Asesores Financieros Andalucía Occidental, Sociedad Gestora de Patrimonios, S.A., (AFAO) ha presentado hoy una reclamación ante el Estado Uruguayo, por valor de 383.200.000 de dólares americanos, amparándose en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado por España y Uruguay, y vigente desde el 6 de mayo de 1994. La expropiación de la concesión otorgada a 'Consorcio Ruta 1' (R1) se llevó cabo en 2005 por el Estado de Uruguay. La cancelación de la concesión se materializó mediante resolución ministerial firmada por el presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez. La concesión comprendía la construcción, conservación y explotación de un tramo de carretera de doble vía entre Montevideo y Libertad, incluyendo la construcción de un puente sobre el río Santa Lucía, que unió la capital de la República con el Departamento de San José. La única contrapartida para el concesionario era el derecho al cobro de peajes por 17 años y medio.
AFAO, que es propietaria de BIMPER S.A. -el accionista mayoritario de CR1 ha manifestado que la expropiación se realizó cuando restaban más de diez años y medio de disfrute de la concesión y tan solo quedaba por concluir un 3% del total de la obra ejecutable en 90 días. La empresa española argumenta que la Concesionaria sufrió un asedio fiscal y administrativo por parte del Estado uruguayo y que fue privada del disfrute de su inversión, sin mediar indemnización o compensación económica alguna. Garrigues, despacho español de abogados con implantación internacional, encarga de representar a AFAO en este proceso a través de sus abogados Miguel Moscardó y Carlos de los Santos, socios del departamento Procesal y de Arbitraje de Madrid. Con la reclamación presentada hoy ante la Presidencia de la República Oriental de Uruguay se inicia un periodo de seis meses para intentar dirimir la controversia de forma amistosa; en caso de no ser así, podría quedar abierto el camino a un procedimiento de arbitraje internacional, según el Convenio Sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI o Convenio de Washington de 1965), al cual ambos países se encuentran adheridos.
