Fue hace treinta años cuando Manuel Clavero, el entonces ministro de Regiones del segundo ejecutivo de la UCD, pedía para Andalucía el mismo "café" que iban a recibir las nacionalidades históricas, en contra de la variedad de una Tabla de Quesos. Ya viene.
Si la anterior legislatura el debate territorial se caracterizó por la reforma de los Estatutos de Autonomía, parece que ésta va a ser la de la reforma del sistema de financiación autonómica.
El modelo actual de financiación autonómica, de 1999, fruto de las transferencias sobre todo Sanidad y la Educación ya no sirve. Entonces se pactó la "nivelación": las Comunidades desahogadas económicamente han estado transfiriendo recursos a sus hermanas con dificultades.
Cataluña, Madrid, Baleares y Valencia piensan que esta nivelación, en la práctica, se ha vuelto del revés porque al final hay más dinero para las demás Comunidades y ellas quedan por debajo. En cambio, las Comunidades beneficiadas dicen que sus territorios son extensos, tienen la población desperdigada, y dar los servicios cuesta más que en zonas con la población reunida en núcleos grandes, que es lo que pasa en la costa mediterránea y en las enormes poblaciones de la Comunidad de Madrid.
Se dice, aparte de la situación que venían denunciando las perjudicadas, que en los próximos tres meses el Gobierno y Cataluña deberían acordar un nuevo modelo de financiación autonómica; y que el éxito de ese pacto depende de que la reforma de la financiación cuente a su vez con el respaldo del resto de las comunidades autónomas.
Parece, en principio, que sí. El sistema en vigor fue respaldado por todas, y es unánime ahora el deseo de mejorarlo porque las necesidades de gasto de las comunidades se definieron a partir de la población de 1999. Y, pese a que el padrón actualiza sus datos cada año, ese parámetro no se cambió. Todas las comunidades -Madrid y Valencia dicen haber perdido más de 5.000 millones-, insisten en que se utilice el dato real.
Las diferencias empiezan al definir las variables de reparto de los recursos. Las comunidades de mayor peso económico (Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia) quieren que la población corregida por la inmigración y el más elevado coste de la vida sea el criterio esencial, frente a otras (Galicia, Castilla y León, Aragón), que ponen sobre la mesa otros factores (envejecimiento, dispersión territorial). Andalucía, que ha formulado su propia alternativa, incide en que se tenga en cuenta la población en edad escolar al repartir el dinero destinado a educación, la competencia más costosa.
