Traslada al CGPJ el sentar si los jueces tienen Derecho a la huelga o no. Gabriela Bravo, portavoz del Poder Judicial, ha declarado que la huelga es un Derecho fundamental de todos los españoles, y que la inexistencia de un desarrollo legislativo impide cualquier pronunciamiento desde el órgano de gobierno.
El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, considera que los jueces, en tanto que poder del Estado, «no pueden ponerse en huelga», pero ha subrayado que, en todo caso, será el CGPJ el que «deberá sentar criterio jurídico» en este asunto, en el que, según el ministro, está flotando el denominado como caso Tirado. Bermejo sostuvo que, en esta cuestión, la clave no está en si un juez «tiene derecho o no» a hacer huelga, sino en que «no se puede permitir el lujo» de hacerla, porque «es una traición al mandato que tiene de los ciudadanos».
Para el ministro, aunque las reivindicaciones de los jueces se centran en peticiones salariales y de cumplimiento de los compromisos de modernización de la justicia, en este conflicto "está flotando" la exigencia de responsabilidades al juez Rafael Tirado, por el caso de la muerte de la niña Mariluz Cortés.
En concreto, Bermejo sostuvo que las asociaciones de jueces se han puesto de acuerdo ahora en su amenaza de huelga al Gobierno porque "les ha sorprendido" el "movimiento de base" que se generó en torno a este caso y, al creer que "se les iba de las manos", se han situado "a la cabeza de la manifestación", en una actitud que el ministro calificó de "decepcionante"
El Ministro reconoció que las críticas a la "levedad de la sanción" al juez fueron "mal recibidas" por parte de los jueces, pero recalcó que el Gobierno "tiene derecho a criticar, porque la crítica forma parte del sistema democrático".
Para Bermejo, es "sorprendente" que como "primera reivindicación judicial" se alegue la puesta en marcha antes de junio de la nueva oficina judicial, que "hace más de 20 días" se está discutiendo en el Congreso. En su opinión, detrás de esto hay una maniobra para "presionar" a los diputados que "el contenido" de la ley que se elaborará "sea el que los jueces quieren".
Además, censuró que las asociaciones de jueces critiquen al Gobierno socialista, cuando ha sido el que "ha creado más plazas de jueces y de fiscales" y el que "más medios" ha destinado a la Justicia.
